Conclusiones y recomendaciones de la 1ª Visita

El Estado de Chiapas vive en estos momentos las consecuencias de una situación de profunda descomposición política y de preocupante desestructuración social. Desde todos los niveles se percibe como las estructuras institucionales son incapaces de asegurar la vigencia del Estado de Derecho, y como la sociedad chiapaneca y especialmente las comunidades indígenas sufren las consecuencias de una situación generalizada de violencia y de impunidad."

La CCIODH considera que los factores que en mayor medida contribuyen a generar dicha situación son los siguientes:

1.- La intensa militarización de la zona.
2.- La presencia de grupos paramilitares.
3.- La situación generalizada de impunidad.
4.- Los obstáculos para el acceso a la justicia.
5.- La situación de miseria estructural que sufren las comunidades.
6.- La represión de las formas de organización de la sociedad civil.
7.- La falta de voluntad política para la búsqueda de una solución respetuosa con las demandas indígenas.

En base a ello se realizan las siguentes Recomendaciones.

1.- Cumplimiento inmediato e íntegro de los Acuerdos de San Andrés y continuación del proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el Gobierno Federal.
2.- Respeto al proyecto de iniciativa de reformas constitucionales de la COCOPA.
3.- Consolidación de las funciones de las instancias de intermediación (CONAI) y de verificación (COSEVER).
4.- Poner fin a la militarización y paramilitarización (regreso del ejército a sus cuarteles y desarme de los grupos paramilitares).
5.- Asegurar el libre acceso a la justicia y promover la lucha contra la impunidad por medio de acciones globales y no meramente simbólicas.
6.-Amnistía inmediata a los presos políticos.
7.- Retorno de los desplazados a sus comunidades de origen, con la devolución íntegra de sus pertenencias y con la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
8.- Fortalecimiento de los organismos de derechos humanos mexicanos y garantía de la presencia de organismos de carácter internacional así como el reconocimiento de un estatuto internacional del observador.
9.- La intervención de la Cruz Roja Internacional como medio de garantía de la asistencia humanitaria a la población debido al rechazo existente hacia la ayuda proviniente de organismos institucionales mexicanos.
10.- La designación de un relator especial de la ONU para México.
11.- El establecimiento de un mecanismo por parte de la Unión Europea de seguimiento de la "cláusula democrática y de derechos humanos", la cual, si el "acuerdo de asociación económica, de coordinación política y de cooperación" firmado con México se hace vigente, debería permitir proceder a una verificación permanente de la situación de los derechos humanos en México. Dicho mecanismo, debería integrar a diferentes organizaciones sociales mexicanas e internacionales de defensa de los derechos humanos.