Los integrantes de esta delegación fueron recibidos por el director de este CERESO -Centro de Prevención y de Readaptación Social- señor D.Eduardo Coutiño Arrazola, quien les explicó la situación en que se encuentra este penal, facilitando entre otros los siguientes datos:

-Cerro Hueco presenta una capacidad máxima de 350 internos, siendo su población actual de 923 presos.

-Se registran carencias dentro de las necesidades básicas de los reclusos, como agua, baños, teléfonos, talleres, traductores profesionales de lenguas autóctonas, medicinas etc...

También manifestó que el ambiente de la cárcel es relativamente tranquilo y que no se presentan conflictos o problemas graves.

A la pregunta de si piensa que existen presos detenidos ilegalmente respondió que lo desconoce ya que sus competencias se limitan a la gestión del penal y no tiene jurisdicción sobre asuntos legales o jurídicos. Cuando se le preguntó si había presos políticos en esta prisión el Sr. Coutiño contestó que eso era difícil de determinar porque ellos no les preguntaban sobre sus ideas, aunque estimó que podrían ser alrededor de treinta.

A continuación la delegación visitó las instalaciones de la cárcel, incluyendo la enfermería, el área de atención psicológica, y la asesoría jurídica, constatando la precariedad y la falta de recursos de estas instancias. Posteriormente visitaron la Celda de Observación y Clasificación, las celdas comunes y los baños.

A la salida varios presos indígenas esperaban para manifestar su condición de presos políticos. Explicaron que se encontraban en prisión por pertenecer a diversas organizaciones políticas, entre ellas PRD, aunque los cargos que pesaban contra ellos eran delitos comunes que les habían sido imputados, según su versión, injustamente. Entre estos delitos figuraban, homicidio, fraude, violación, etc...

Estos presos indígenas entregaron a los comisionados de Derechos Humanos informes por escrito y elevaron la opinión de que el 80% de los presos en este penal son inocentes de los delitos que se les imputan.

La Comisión mantuvo una reunión con 32 personas del colectivo 'La Voz de Cerro Hueco', personas que dicen ser simpatizantes o bases de apoyo del EZLN y que manifestaron estar en la cárcel por motivos estrictamente políticos.

Los miembros de este colectivo aseguraron que no son ciertas las manifestaciones del gobierno en las que se dice haber liberado a 300 presos bases de apoyo del EZLN. De entre estas personas excarceladas solo dicen reconocer a seis de sus compañeros.

Una decena de estos presos expusieron su caso particular y hicieron partícipes a los comisionados de las denuncias que originaron sus detenciones; éstas fueron hechas por miembros del PRI así como por integrantes del grupo paramilitar "Paz y Justicia" o agentes de la Seguridad Pública.

Dos de ellos, por ejemplo, testimoniaron haber sido acusados injustamente por policías judiciales con la acusación de tener en su poder un arma de fuego. Estas dos personas aseguraron haber sido golpeados, torturados y condenados finalmente a tres y seis años de prisión, respectivamente.

También escucharon el testimonio de una persona que fue agente de la autoridad autónoma de su municipio -en rebeldía- que tras celebrar un juicio contra otra persona -según las leyes autónomas indígenas- fue acusado de secuestro por este acto ante las autoridades policiales y finalmente condenado. Esta persona se encuentra en prisión desde el 16 de Octubre de 1997.

Otra persona acusada de homicidio -según su testimonio, injustamente- manifestó haber sido detenida por la Seguridad Pública junto con integrantes de "Paz y Justicia" y condenado a 15 años de prisión sin que sus acusadores nunca se presentaran en el juicio.

Todos los entrevistados aseguraron provenir de poblaciones desplazadas por el conflicto que se vive en Chiapas, llevar ya varios años cumpliendo condena y no haber podido ser visitados por sus familias debido a la distancia y a la falta de medios económicos. Aseguraron que su condición de presos hacía muy difícil la supervivencia de sus respectivas familias ya que estas carecen de los ingresos que sus trabajos podrían proporcionarles.

La falta de recursos también les supone un problema cotidiano ya que no pueden permitirse pagar, por ejemplo, mantas y un colchón sobre el que dormir o los medicamentos de los que carece la enfermería del penal.

Después de esta entrevista la delegación tenía una cita con el Subsecretario de Gobernación que manifestó que una de las preocupaciones principales del gobierno de Roberto Albores Guillén era la mejora de las cárceles, prueba de lo cual era la misma presencia de observadores de Derechos Humanos dentro del penal.

Los integrantes de la Comisión no pudieron visitar la celda de castigo llamada 'Celda Negra' de la que supieron de su existencia por los testimonios de varios reclusos. Las autoridades de la cárcel manifestaron que ésta se encontraba en desuso desde hace tiempo.

Por último el Subsecretario de Gobernación del estado se disculpó para ir atender la liberación de cinco presos, algunos de ellos presos comunes y otros miembros del colectivo La Voz de Cerro Hueco, que tuvo lugar ante los ojos de los comisionados.

La curiosa coincidencia hizo pensar a algunos de los periodistas presentes que la intervención de los miembros de la Comisión tuvo como consecuencia la liberación de estas personas, ante lo que manifestaron que no era ese su cometido y que ellos habían sido los primeros sorprendidos por este hecho.