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7 de mayo de 2007
Hemos recibido la noticia de que Ignacio del Valle
Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo
Gochicua, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)
de San Salvador Atenco, han sido sentenciados a 67 años y seis
meses de prisión cada uno, al encontrarlos responsables del delito
de secuestro equiparado.
A este respecto queremos manifestar lo siguiente:
Los sentenciados no han gozado del derecho a la presunción de inocencia,
pues aunque el juez en su sentencia afirma que "existen elementos
suficientes que comprueban la responsabilidad", la defensa ha demostrado
de forma efectiva que los acusados no estaban en el lugar de los hechos
en el momento en que estos supuestamente se produjeron. La acusación,
por otra parte, tampoco ha sido capaz de aportar testimonios -ni siquiera
los de las presuntas víctimas del secuestro- que probaran la comisión
del delito.
La saña con la que está actuando la procuradoría
de justicia estatal, que se ha apresurado a solicitar la revisión
de la condena para que se aplique el máximo previsto en el código
penal de 120 años de prisión, contrasta con su absoluta
falta de voluntad para investigar los graves delitos cometidos por las
fuerzas policiales estatales y federales durante los días 3 y 4
de mayo de 2006: los culpables materiales e intelectuales de, entre otros,
delitos perfectamente documentados de homicidio, tortura y violaciones
sexuales tumultuarias permanecen hasta el momento en libertad y gozan
de una total impunidad.
La elección de le fecha para comunicar la sentencia, justo cuando
se cumplía un año de la brutal represión que vivió
el pueblo de San Salvador Atenco, sólo puede interpretarse como
una clara advertencia desde el poder del estado al movimiento social del
valle de México para que ceje en su empeño de pedir la libertad
de sus presos políticos y mantener su lucha legítima por
decidir sobre sus territorios.
Esta práctica es especialmente grave si se tiene en cuenta de que
estos días la prensa se ha hecho eco de nuevos planes gubernamentales
para relanzar el proyecto del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México
en Texcoco.
Esta comisión espera que estas condenas absolutamente arbitrarias
y desproporcionadas no sea la señal pare el inicio de una nueva
ola de represión contra el pueblo de San Salvador Atenco por seguir
sosteniendo una reivindicación absolutamente legítima: no
ser expulsados y decidir sobre el territorio y los recursos naturales
en los que viven por generaciones.
Atentamente:
Secretaría de la CCIODH
 
>> Conclusiones
y recomendaciones
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