Situacion con respecto a las recomendaciones de la CCIODH
(noviembre de 1999)

1. Cumplimiento inmediato e íntegro de los Acuerdos de San Andrés y continuación del proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el gobierno federal.

En este apartado, la CCIODH ha constatado que el cumplimiento de los Acuerdos de S. Andrés que el gobierno firmó, sigue en un estado de estancamiento. Tanto la iniciativa de ley sobre derechos indígenas del presidente Zedillo, como las distintas leyes aprobadas en algunos estados, se ignora el eje central de los acuerdos, que es el reconocimiento de los derechos y cultura de los Pueblos indígenas, ya que dicho reconocimiento no supera el ámbito municipal, y por tanto ignora de facto sus derechos como tales y no les reconoce como sujetos de derecho.

La creación de Municipios Autónomos organizados de acuerdo a lo pactado en San Andrés, han provocado la reacción del gobierno mexicano que violenta y sistemáticamente ha atacado a los mismos, para conseguir su desmantelamiento.

Tanto la propuesta de ley federal sobre derechos indígenas, (que pretende suplir a la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA ) como la ley de remunicipalización del gobierno de Chiapas, tienen fundamentalmente dos propósitos:

a- aislar a las comunidades y municipios autónomos

b- generar una situación favorable para las elecciones del 2000 en función de las adhesiones que se provocan con los beneficios económicos repartidos entre quienes se someten.

2. Respeto al proyecto de iniciativa de reformas constitucionales de la COCOPA

La iniciativa de ley emitida por la COCOPA, sigue sin ser incluida a debate en las Cámaras Legislativas, ya que el Gobierno desconoció esa iniciativa y emitió su iniciativa de ley en la materia de manera unilateral.

3. Consolidación de las funciones de las instancias de intermediación: CONAI y de Verificación: COSEVER.

La CONAI se disuelve en junio de 1998, a raíz de los continuos ataques, olvido y retirada de confianza por parte del gobierno. La COSEVER al no cumplirse los Acuerdos de San Andrés, y por lo tanto al suspenderse el diálogo, se convierte en una instancia sin espacio de acción.

4. Poner fin a la militarización y paramilitarización , (regreso del ejército a sus cuarteles y desarme de los grupos paramilitares).

El aumento de los efectivos del ejército federal, de los campamentos y bases militares así como un mayor número de puestos de control, contradice explícitamente la recomendación de que el ejército regrese a sus cuarteles.

Día a día aumenta el número de soldados multiplicándose los campamentos militares y puestos de control, con el consiguiente perjuicio para las comunidades indígenas que ven como la prostitución, el alcohol y las drogas son introducidas por los soldados, al mismo tiempo que ven contaminadas las aguas de las que se abastecen. También su vida cotidiana se ve gravemente alterada por los registros e intimidaciones que sufren en los numerosas controles militares afectando gravemente a su economía por las dificultades que tienen para producir y comercializar sus productos.

La presencia del ejército hace que los habitantes de las comunidades se dividan entre los que se benefician con la prestación de servicios a los soldados y los que se mantienen al margen para expresar su repulsa por la invasión de que son objeto.

La división producida en el seno de grupos paramilitares como Paz y Justicia por desavenencias en el reparto de los "beneficios" conseguidos del gobierno, aumenta también la violencia, con el consiguiente incremento de la inseguridad en la zona.

Esta situación está en flagrante contradicción con la supuesta misión de resguardar el orden que el gobierno asigna al ejército y a las fuerzas de seguridad.

Las comunidades denuncian que cada día crece el número de grupos paramilitares, así como la actuación conjunta de elementos de dichos grupos con miembros del ejército federal y policía en operativos contra las comunidades. No tenemos conocimiento de que un solo grupo paramilitar haya sido disuelto o desarmado.

5. Asegurar el libre acceso a la justicia y promover la lucha contra la impunidad por medio de acciones globales y no meramente simbólicas.

Pese al anuncio por parte del Gobierno federal de medidas como la llamada "cruzada nacional contra la violencia y la impunidad" y el establecimiento de algunos "juzgados indígenas", en la práctica los altos niveles de impunidad y de discriminación de las personas indígenas especialmente, siguen siendo muy preocupantes. En este sentido, destaca el reducido número de denuncias cuya investigación llega hasta el final de todo el procedimiento judicial. De esta manera, hay que seguir hablando de una situación generalizada de falta de acceso igualitario y con todas las garantías a la justicia.

Mientras el gobierno sigue negando la existencia de grupos paramilitares (solamente los reconoce como grupos civiles armados), éstos siguen proliferando, favorecidos por la ley de amnistía estatal, que favorece la situación de impunidad de los mismos

6. Amnistía inmediata a los presos políticos.

Resulta contradictorio que el Gobierno federal afirme que no reconoce la existencia de presos políticos y sin embargo anuncie la liberación de "miembros o simpatizantes del EZLN" (en escrito presentado por el Coordinador para el diálogo y la negociación en Chiapas). Por otro lado, los 46 presuntos "miembros o simpatizantes del EZLN" liberados hasta hoy, no lo han sido por desestimiento en sus cargos, sino por pre-liberación, por pago de fianzas o por haber cumplido la condena. En consecuencia, no se ha producido ninguna amnistía y continúa habiendo más de un centenar de presos políticos en las cárceles de Chiapas.

7. Retorno de los desplazados a sus comunidades de origen con la devolución íntegra de sus pertenencias y con la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Los desplazados o refugiados por causa de guerra, cuyo número en vez de disminuir aumenta, siguen sin poder retornar a sus hogares porque las condiciones que forzaron su marcha no han variado en absoluto. Continúan las amenazas y el hostigamiento de paramilitares sobre las familias que intentan su regreso.

Las peticiones de indemnización a los refugiados no son atendidas y a medida que se alarga su situación se pueden generar nuevos conflictos al ser ocupadas, en unos casos y vendidas, en otros, las tierras que ocupaban en sus comunidades de origen.

8. Fortalecimiento de los organismos de DERECHOS HUMANOS mexicanos y garantía de la presencia de organismos de carácter internacional, así como el reconocimiento de un estatuto internacional del observador.

El Gobierno sigue ignorando las acciones y denuncias de los diferentes organismos de derechos humanos mexicanos.. La situación de los cuales se ha visto amenazada y atacada tanto en el sentido material como en la integridad física de las personas que trabajan en ellas.

Por otra parte, desde la primera visita de la CCIODH, el Gobierno emitió una normativa para regular el trabajo de observación internacional a través de la concesión de visados FM3, previo cumplimiento de estrictos requisitos. Esta normativa, y también el modo en que está siendo aplicada, supone una clara restricción al desempeño de la labor de los observadores de los derechos humanos. Así lo ha podido constatar la CCIODH en su segunda visita, puesto que pese a haber cumplimentado con todos los requisitos exigidos, tan sólo fueron concedidas 11 de las 41 solicitudes, sin por otro lado realizar ningún tipo de explicación justificativa.

9. La intervención de la Cruz Roja Internacional como medio de garantía de la asistencia humanitaria a la población debido al rechazo existente hacia la ayuda proveniente de organismos institucionales mexicanos.

Aunque con críticas a su actuación, la intervención de la Cruz Roja Internacional, asegura en algunos casos la alimentación de los desplazados por lo que se ve como una garantía de seguridad y se pide su permanencia en la zona. Hacia la Cruz Roja Mexicana, las poblaciones desplazadas mantienen la misma actitud de desconfianza por considerarla del gobierno.

10. La designación de un relator especial de la ONU para México.

No se ha designado ningún relator especial para México. Las visitas de la Relatora Especial para Desapariciones y Ejecuciones Extrajudiciales y de la Alta Comisionada que se produce en estos momentos, por su brevedad y limitaciones no se pueden equiparar a la presencia permanente de un Relator Especial.

11. El establecimiento de un mecanismo por parte de la Unión Europea de seguimiento de la Cláusula Democrática y de derechos humanos, la cual si el Acuerdo de Asociación Económica, de Coordinación Política y de Cooperación, firmado con México se hace vigente, debería permitir proceder a una verificación permanente de la situación de los derechos humanos en México. Dicho mecanismo, debería integrar a diferentes organizaciones sociales mexicanas e internacionales de defensa de los derechos humanos.

No se ha establecido ningún mecanismo por parte de la UE y México de seguimiento y verificación permanente de los derechos humanos, ya que no pueden ser consideradas como tales las reuniones realizadas entre miembros del Parlamento Europeo y las instancias oficiales mexicanas. Sigue siendo muy necesario que se establezcan mecanismos que aseguren la verdadera efectividad de la cláusula democrática con la que se abre el Acuerdo entre UE y México, siendo especialmente recomendables los contactos periódicos con organizaciones mexicanas e internacionales de derechos humanos y la presencia de comisiones de observación sobre el terreno.

12. Desde el anterior informe hasta la elaboración de esta evaluación se han producido más de 400 expulsiones de extranjeros del territorio mexicano. Este hecho añade una nueva conclusión a las anteriores, se refiere a las dificultades para la observación de los derechos humanos. El gobierno estableció una nueva normativa, en mayo del 98, de obligado cumplimiento para regular la presencia de observadores extranjeros y procedió a las expulsiones con diferentes argumentos jurídicos.

La normativa así como las modificaciones posteriores, han sido denunciadas como restrictivas, tanto por las ONGs mexicanas e internacionales, y cuyo objetivo es restringir la presencia de observadores y dificultar su labor. Las expulsiones, han sido recurridas ante los tribunales, consiguiendo en algunos casos su levantamiento que ha sido ignorado por el gobierno. También han sido denunciadas en muchos foros internacionales, lo que ha provocado la vigilancia de las instituciones internacionales.