4. Poner fin a la militarización y paramilitarización , (regreso del ejército a sus cuarteles y desarme de los grupos paramilitares).

MILITARIZACIÓN
A pocas horas de la toma de posesión, el presidente Vicente Fox manifestaba que la decisión de replegar a los soldados del ejército mexicano en Chiapas, se daría paulatinamente con el fin de distender el ambiente y dar cumplimiento a una de las más reiteradas demandas del EZLN.

También hizo saber que incluso se tenía contemplado que tal medida se diera de manera definitiva y que las tropas del Ejército se queden en la posición que tenían antes del levantamiento armado de enero en 1994.

Entretanto, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Ejército Federal comenzó a abandonar las comunidades indígenas de la Selva Lacandona y empezó a concentrar sus tropas en los cuarteles que tiene en la misma zona de conflicto.

Una de las comunidades que abandonó el Ejército fue la de Amador Hernández.

Paulatinamente se fue anunciando el retiro de algunos de los retenes militares.

Al mismo tiempo el EZLN en un comunicado demandaba el retiro y cierre de siete de las 259 posiciones que tenía el ejercito federal como una de las tres condiciones para reanudar el proceso de pacificación:

1.- Amador Hernández, en este caso, además, deberá anularse el decreto expropiatorio dictado por Zedillo.

2.- Guadalupe Tepeyac.

3.- Río Euseba (cerca del Aguascalientes de La Realidad).

4.- Jolnachoj (cerca del Aguascalientes de Oventik).

5.- Roberto Barrios (cerca del Aguascalientes de ese lugar).

6.- La Garrucha (cerca del Aguascalientes de ese lugar).

7.- Cuxuljá (cerca de la comunidad de Moisés Gandhi).

El 20 de abril el ejercito federal abandonaba las pósiciones de Guadalupe Tepeyac y Río Euseba, últimas que restaban a la demanda de los zapatistas.

Lo que a pesar de la lentitud con que se manifestaba, parecía ser un decidido proposito de repliegue militar, se está convirtiendo en un nuevo acoso a las comunidades zapatistas como represalia a la decisión del EZLN de suspender las negociaciones, al no ser aprobada la ley COCOPA.

La creciente participación del Ejército Mexicano en el combate al narcotráfico, la seguridad de la frontera con Guatemala y más recientemente a la delincuencia común, ha llevado a confundir la defensa de la seguridad nacional con la defensa de la seguridad pública, al tiempo que abre espacios a la intervención del Ejército Mexicano cerca de las comunidades en resistencia.

Ya en febrero, habitantes de Ricardo Flores Magón informaron que los puestos militares ahí asentados no se habían retirado, como anunció el gobierno federal. Además, se intensificaron los sobrevuelos de aeronaves militares federales.

Pese a la propaganda oficialista en los ámbitos nacional e internacional, aún están en funcionamiento las 252 posiciones del Ejército denunciadas en su momento, y el número de efectivos castrenses en la entidad es el mismo de antes del 1 de diciembre, sólo que su despliegue y desplazamientos intentan ser discretos después de la evacuación de tropas de las siete posiciones demandadas por el EZLN. Como "gran medida de distensión", el gobierno ha movido algunos destacamentos en un promedio de 4 kilómetros de sus guarniciones originales, pero ahí están los soldados, no se han marchado, siguen los recorridos y la vigilancia. El estado del sureste mexicano continúa militarizado y sigue la población indígena siendo víctima de la masiva presencia militar.

Los patrullajes y retenes del Ejército mexicano en las comunidades indígenas de Chiapas han ido aumentando paulatinamente y ya se ha hecho costumbre que los soldados improvisen sus puestos de control en los alrededores de las poblaciones para acosar e intimidar a los indígenas, sometiéndolos a interrogatorios.

Las poblaciones que han denunciado el hostigamiento militar son: Jolnachoj, Francisco Gómez, Roberto Barrios, Guadalupe Tepeyac, Ricardo Flores Magón, Tierra y Libertad, San Pedro de Michoacán, San Juan del Pozo, San Juan Bautista, Santo Tomás, San Jacinto Lacanjá, Paraíso, Ojo de Agua Tzotzil, Nuevo Mariscal, Nuevo Tila, Viejo Velasco Suárez, Cintalapa, Altamirano, Chanal, Simojovel, El Bosque, Trinitaria, Las Margaritas y Comitán, entre otras.

Sobrevuelos en Ojo de Agua, San Jacinto, Culebra, Tierra y Libertad, Puente Tulijá, Caribal, Taniperla. Desde que el Ejército Mexicano dejó Roberto Barrios, aumentó la posición en San Jerónimo. En territorio del municipio autónomo Flores Magón, hay 11 posiciones del Ejércirto y una de la PGR".

En Guadalupe Tepeyac una columna militar procedente de la región fronteriza llegó a La Esperanza, a menos de cuatro kilómetros. Es lo más cerca que han llegado las tropas federales desde que fueron retirados los dos cuarteles que ocuparon Guadalupe Tepeyac

Si bien el Ejército no ha vuelto a instalar ninguno de los siete campamentos que fueron desmantelados a petición del EZLN, sí ha retomado posiciones estratégicas y han vuelto a operar las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), -integradas por militares y elementos de seguridad pública-cuyos patrullajes son cada vez más frecuentes.

El 20 de agosto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que no existen movilizaciones militares ni incremento de efectivos en la zona de conflicto en Chiapas, como ha sido señalado por diversas organizaciones no gubernamentales. Señaló que probablemente las denuncias dadas a conocer por las organizaciones no gubernamentales corresponden a recorridos realizados por ellos durante una etapa de relevo de tropas, lo cual implicó naturalmente movilización de elementos.

Las denuncias realizadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como las recomendaciones realizadas por funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, referentes a la necesidad de la desmilitarización del estado de Chiapas como una de las condiciones fundamentales para reiniciar el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, tampoco parecen ser atendidas por el gobierno de Fox.

Organismos no gubernamentales (ONG) registraron por lo menos 104 acciones militares en comunidades indígenas de 16 municipios en lo que va del gobierno de Vicente Fox. Aseguran que las intervenciones castrenses se agudizaron a partir de la aprobación de la reforma en materia indígena en el Congreso de la Unión.

La Red de Defensores de Derechos Humanos, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria y Global Exchange afirman que las acciones se han centrado en el hostigamiento a comunidades, retenes permanentes, patrullajes, sobrevuelos, reposicionamiento militar e interrogatorios.

En un informe enviado a representantes del Congreso de la Unión 92 de septiembre) destacaron que los más afectados han sido las organizaciones indígenas y campesinas, así como las poblaciones desplazadas por la violencia, quienes ''continúan esperando las promesas gubernamentales para la solución del desplazamiento forzado''.

Las tres ONG señalaron que lejos de generar las condiciones para la paz, el gobierno federal continúa declarando y llevando a cabo ''la guerra'' a las comunidades por medio del hostigamiento y las violaciones a los derechos humanos.

Exigen la solución inmediata al problema de la población desplazada y la aplicación de la justicia a paramilitares.

PARAMILITARES
"El paramilitarismo en Chiapas encubre a los autores intelectuales de la guerra", para que de manera constante se siga dando impunidad a dichas bandas, pues pretende hacer aparecer el conflicto, ante la opinión pública, como un enfrentamiento religioso, étnico o intercomunitario entre indígenas, se dice en el estudio que en torno a aquél llevaron a cabo varios investigadores secundados por Global Exchange, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), y el Centro de Comunicación Social (Cencos).

Su origen, se señala, "está dentro de un esquema de contrainsurgencia que se enmascara de agresiones por problemas de tierras, confrontaciones partidarias, conflictos religiosos, enemistades personales, brujerías (sic), venganzas familiares o simplemente accidentales, ocultando de este modo la estrategia paramilitar de control, desestabilización, faccionalización y represión selectiva como parte de una guerra sucia, diseñada y dirigida desde las más altas estructuras del gobierno y del Ejército mexicanos".

Con el levantamiento armado zapatista en 1994 y la implementación de una estrategia de contrainsurgencia en Chiapas, la Doctrina de la Seguridad Nacional del Ejército Mexicano, sufre también modificaciones.

En el Manual de guerra irregular editado por la Secretaría de la Defensa Nacional en 1994, y en otros similares, se considera como parte de la estrategia antiguerrillera la creación de grupos paramilitares o fuerzas de "autodefensa'' integradas por civiles reclutados entre la población, como estructura paralela subordinada al Ejército y dedicada a operaciones de contraguerrilla y restauración del orden. En el caso de Chiapas, los paramilitares quedaron subordinados a la Fuerza de Tarea Arco Iris, grupo de elite aerotransportado creado por el general Renán Castillo.

El proyecto del Ejército en Chiapas, desde 1994, consistía en crear bandas paramilitares, desplazar a la población y destruir las bases de apoyo del EZLN. En dicho plan estaba previsto el adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares. Incluía además el asesoramiento y ayuda que le presta a otras dependencias del gobierno y a funcionarios gubernamentales, locales, municipales, estatales y federales.

Y se recomendaba: "En caso de no existir fuerzas de autodefensa, es necesario el adiestramiento de fuerzas locales, para que participen en los programas de seguridad y desarrollo".

Para llevar a cabo esa guerra sucia contra la población civil, "el estado de Chiapas fue dividido en tres grandes partes o corredores geográficos":

a) El corredor que comprende de los municipios de Salto del Agua, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Chilón, Oxchuc y San Cristóbal, a Venustiano Carranza, extendiéndose hasta la zona fronteriza. "Este es la de mayor inestabilidad e impunidad que controla principalmente la Policía de Seguridad Pública y los paramilitares".

b) La que abarca los municipios de Palenque, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, en la zona Selva y parte de la frontera controlada principalmente por el Ejército, que se une a la vez con los Altos, Sierra y Costa. "La combinación de estas dos primeras partes la podemos entender como el corredor de la militarización y paramilitarización".

c) El tercero lo incluyen las regiones del Centro, Valles Centrales y la Frailesca, así como una parte del istmo-costa, "controlada económica y socialmente por Solidaridad Campesino Magisterial (Socama), y vinculada al profesor y diputado federal por el distrito de la Sierra, Manuel Hernández Gómez".

Los grupos armados y paramilitares en Chiapas:

1) Actúan en regiones indígenas

2) En los municipios con mayor marginación y pobreza

3) Donde se concentran la mayor parte de los cuerpos policiacos y militares por medio de retenes o campamentos

4) En municipios gobernados por el PRI

5) Están integrados y organizados por ex militares y ex policías

6) Coinciden donde hay presencia del EZLN en municipios autónomos

7) Se adhieren a ellos alcaldes y ex presidentes municipales o quienes tienen algún cargo de autoridad en el municipio

8) La mayoría se distingue por actuar en la demarcación de la diócesis de San Cristóbal

9) Se les señala de recibir sueldos para entrenarse

10) Son identificados plenamente por las comunidades afectadas por poseer armamento de alto calibre

11) Operan en regiones donde hay fuertes intereses económicos sobre la tierra, la producción o la inversión extranjera

12) Donde hay recursos naturales del subsuelo y que son estratégicos para las trasnacionales

Llama la atención que en todos los municipios y regiones donde se han reportado grupos armados o paramilitares hay campamentos, cuarteles, bases de operaciones, retenes permanentes o intermitentes, patrullajes constantes y vuelos rasantes" del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos.

En Los Chorros, comunidad considerada por organismos no gubernamentales como "la cuna" o "el corazón de los paramilitares", el 12 de octubre de 2000, la Procuraduría General de la República (PGR) suspendió el operativo en el que cientos de policias pretendían dar cumplimiento a diversas órdenes de cateo y decomiso de armas de fuego, debido a las ''agresiones'' que habitantes de esa población llevaron a cabo en contra de los servidores públicos.

Cuando la PGR llegó a proximidad de Los Chorros, a las cinco de la mañana, oyó que tronaban las armas en el pueblo, como para dar aviso. Y luego, de retirada, llegando al retén de Majomut, frente al cuartel del ejercito federal y encontrándose el camino cortado se dio un fuego cruzado entre la PGR y desconocidos, sin que el ejercito interviniera. ¿Quién se puede atrever a sembrar en el camino, frente a un cuartel militar, troncos y piedras, además de atravesar tranquilamente camiones para cortar el paso a la policía?

A un mês del cambio de gobierno federal y estatal, la PGR detuvo el día 27 de octubre de 2000 a once integrantes del grupo Paz y Justicia -señalado como paramilitar- que opera en la zona norte de Chiapas, entre ellos a los dirigentes Marcos Albino Torres, ex cabo del Ejército Mexicano, y Samuel Sánchez Sánchez, ex diputado local priísta, acusados de delitos de terrorismo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, motín, delincuencia organizada, lesiones, daños y despojo.

Parecía así niciarse una nueva etapa en la que se realizara una amplia y profunda investigación para juzgar a los que han participado, entrenado y colaborado con los paramilitares.

Pero lejos de contener a los grupos paramilitares como Paz y Justicia (cuyos dirigentes han sido liberados inexplicablemente), éstos siguen generando múltiples conflictos, cerrando caminos, aplicando una política de terror, asesinatos y de agresiones constantes contra las comunidades zapatistas, apoyados, como siempre, por las viejas estructuras municipal y comunal priístas, y gozando de la complicidad por omisión y comisión del Ejército y los cuerpos de seguridad de diversas dependencias gubernamentales.

La Academia Mexicana de Derechos Humanos realizó una investigación que arrojó la cifra de 15 fuerzas civiles armadas, diez de ellas plenamente identificadas como paramilitares, que operan actualmente en Chiapas, sobre todo en el corredor que va desde los municipios de Salto del Agua, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Oxchuc y San Cristóbal hasta Venustiano Carranza y la zona fronteriza; en las regiones de Palenque, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas.

Los diez grupos grupos identificados como paramilitares son: Desarrollo Paz y Justicia, Los Chinchulines, MIRA, Máscara Roja, Alianza San Bartolomé de los Llanos, Los Quintos, Los Puñales, Los Aguilares, Organización Campesina Obrero Popular de Chiapas, y Los Tomates.