8. Fortalecimiento de los organismos de DERECHOS HUMANOS mexicanos y garantía de la presencia de organismos de carácter internacional, así como el reconocimiento de un estatuto internacional del observador.

Cuando el presidente de México, Vicente Fox presentó el llamado gabinete de Orden y Respeto, la nueva embajadora de Derechos Humanos y Democracia, Mariclaire Acosta, se comprometió a poner fin al rezago que en materia de derechos humanos tiene el país, en especial los señalamientos de organismos internacionales.

El presidente de México, Vicente Fox y la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Mary Robinson, firmaron el dos de diciembre de 2000 un Acuerdo de Cooperación Técnica mediante el cual el gobierno federal se compromete a cumplir cabalmente con el respeto y la promoción de los derechos humanos.

El documento prevé iniciativas nacionales en la materia, entre ellas el compromiso de una administración de justicia con especial atención a víctimas de tortura y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, así como atender a los grupos vulnerables, especialmente niños, mujeres y migrantes.

Asimismo, el acuerdo prevé la capacitación de funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones no gubernamentales, así como de instituciones que realizan labores en defensa de los derechos humanos.

Una semana después, y a pesar del rechazo de activistas y organismos de derechos humanos, e incluso por encima de la preocupación que Mary Robinson manifestó por el asunto, los senadores de PAN, PRI y Partido Verde ratificaron el nombramiento del general Rafael Macedo de la Concha como procurador general de la República.

El año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó la desmilitarización de las corporaciones policiacas en nuestro país.

Y antes, en 1997, la misma CIDH emitió una recomendación para que se liberase al general Francisco Gallardo, sujeto a proceso por una supuesta sustracción de haberes militares.

En su momento las propuestas no fueron acatadas, e incluso en el caso del general Gallardo la Procuraduría General de Justicia Militar -a cargo del general Macedo de la Concha- añadió nuevos cargos.

El mismo general Rafael Macedo de la Concha como procurador de Justicia Militar, fue el encargado de recibir quejas contra militares y no resolvió nada, solapó a los responsables de crímenes y violaciones a mujeres".

Tan sólo en los últimos tres años el gobierno mexicano recibió observaciones y recomendaciones de 11 organismos distintos de la ONU y la OEA, la mayoría de los cuales, no se atendieron o se encuentran parcialmente cumplidas.

Entre la lista de pendientes se encuentran las recomendaciones que formuló en noviembre de 1999 la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir, después de una vista a México.

En su informe la funcionaria destacó que nuestro país requiere tomar medidas preventivas urgentes que reduzcan la violencia y protejan "la vida de civiles inocentes que son víctimas de la policía, las fuerzas armadas, los grupos paramilitares y los grupos armados de la oposición".

La ineficacia de la justicia, señala, "ha permitido que se violen derechos humanos. Su falta de competencia para juzgar a los militares por violar los derechos humanos de los civiles limita la independencia de los tribunales ordinarios".

Asma Jahangir fue especialmente crítica con la actuación de la Procuraduría General de Justicia Militar en el caso de las ejecuciones en el ejido El Charco, en Guerrero, sobre todo por la "subordinación" que el procurador Macedo de la Concha tenía de los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Así, entre sus recomendaciones Asma Jahangir propone que el gobierno mexicano "logre la desmilitarización de la sociedad y evite delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito".

Y subraya, ante todo, que el gobierno mexicano tiene "la obligación jurídica de hacer cumplir los tratados y principios internacionales", sobre todo en materia de violaciones a los derechos humanos.

Los planteamientos de la relatora especial siguen a la espera de cumplirse.
Otro paquete de recomendaciones que se mantienen en el limbo es el que formuló el relator especial sobre Tortura de la ONU, Nigel S. Rodley, en 1998.

Al visitar el país el funcionario se encontró con que, contrariamente a los informes oficiales, la tortura y los malos tratos "ocurren con frecuencia en muchas partes de México", que esta práctica es tolerada por los agentes del Ministerio Público y los médicos legistas, y sobre todo que "el personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia civil y está protegido en general por la justicia militar".

El 24 de agosto del año pasado la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación "por la creciente intervención de los militares en la sociedad, especialmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca", y demandó al gobierno que se investiguen "las persistentes alegaciones de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones".

Es urgente sanar el pasado y abatir la impunidad. Acteal, el Bosque, el Charco, Aguas Blancas, Ciudad Juárez, el general Gallardo, los desaparecidos de los años setenta y ochenta, Tlatelolco, etcétera, son heridas abiertas que dejó el régimen pasado y que hoy Fox, en calidad de jefe de Estado, tiene la responsabilidad de atender.

La llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República no acabó con la impunidad. Ni los responsables de estos crímenes han sido sancionados ni las víctimas o sus familiares han sido indemnizados ni han sido abiertos los archivos que pueden ayudar a esclarecer la verdad. A seis meses de gobierno no se ha hecho justicia.

El más reciente informe de Amnistía Internacional (AI) sobre el caso México, titulado "Justicia traicionada: la tortura en el sistema judicial," sostiene que su existencia en el país obedece ''a que los sucesivos gobiernos no han tenido la voluntad política de abordar el problema de forma sistemática y efectiva, y tampoco han asignado a este asunto los recursos necesarios''.

Observación de Derechos Humanos
A partir de la primera visita de la CCIODH, el Gobierno emitió una normativa para regular el trabajo de observación internacional a través de la concesión de visados FM3, previo cumplimiento de estrictos requisitos.

Desde entonces, la normatividad se erigió como un obstáculo para los extranjeros que se internan a territorio mexicano legalmente, debido a que las obligaciones que se les imponen son ajenas a la actividad de observación y sobre todo a la dinámica real de las violaciones de los derechos humanos. Entre los requisitos exigidos sobresalen: presentar el programa de trabajo que se pretende llevar, el cual debe incluir actividades, agenda a cumplir, instituciones con las cuales se va a entrevistar, así como entidades federativas, municipios y localidades por visitar, con lo cual se compromete tanto la independencia como el trabajo de los observadores y los miembros de ONG.

Además, los miembros de localidades anunciadas de antemano podrían ser expuestos a intimidación u otros intentos de minimizar o socavar el flujo de información, sobre violaciones a derechos humanos.

La demanda de certificación de "solvencia moral" para los miembros de las ONG, constituye de una exigencia improcedente y por lo demás absurda, dado que presume la mala fe, por parte de todo solicitante de visa, a menos que se acredite lo contrario".

El requerir que una ONG tenga cinco anos de existencia o estatus consultivo, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también constituye un requisito caprichoso.

Igualmente, las solicitudes de internación deben presentarse con 30 días de anticipación. En caso de serles autorizada su internación, sólo podrán permanecer en el país por un término de 10 días contados a partir de su llegada a México, exigencia que afecta "la posibilidad de responder rápidamente a los acontecimientos, cuestión que es esencial por el dinamismo real de las violaciones a los derechos humanos, además de que el trabajo de observación requiere periodos de mayor estancia, por la necesidad de comprender las causas de lo que sucede".

Esta normativa, y también el modo en que se aplicó, supuso una clara restricción al desempeño de la labor de los observadores. Así lo pudimos constatar en nuestra segunda visita, ya que pese a haber cumplido con todos los requisitos exigidos, tan sólo fueron concedidas 11 de las 41 solicitudes de visado.

Al mismo tiempo se intensificaron las incomunicaciones, detenciones ilegales, violaciones a las garantías de debido proceso, ataques de grupos paramilitares, violaciones al derecho de libre reunión, violación a la libertad de tránsito, intervenciones de militares y judiciales en el requerimiento de documentos migratorios, entre otros, todo ello en agravio de los observadores extranjeros".

El 30 de noviembre pasado la diputada italiana Tiziana Valtiani, el dirigente de Refundación Comunista, Alfio Nicotra, y Luca Casarini fueron detenidos por un retén militar y recibieron un citatorio del Instituto Nacional de Migración cuando manifestaron que se dirigían al ejido La Realidad con el propósito de entregar a los habitantes de esa aldea un generador hidroeléctrico que fue donado por más de 40 gobiernos municipales de Italia.

Al día siguiente y en su primera acción en torno a Chiapas como titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda ordenó la cancelación de los citatorios que expidió el Instituto Nacional de Migración (INM) en contra de tres ciudadanos italianos.

Facilidades a observadores
La Presidencia de la República informó (23 de diciembre) la decisión de levantar las restricciones que anteriormente se impuso a ciudadanos extranjeros que hacían labores de observación en México, por lo que podrán regresar a territorio nacional todos aquellos que en los años recientes fueron expulsados por las autoridades migratorias.

En acuerdo con las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, se instruyó a todas las misiones diplomáticas y consulares eliminar el requisito de permiso previo para la internación en el país, mediante la visa de observador, anunció la Presidencia a través de un comunicado.

Por ello, agregó, y "sin perjuicio de las leyes vigentes en la materia, las embajadas y consulados de México han sido instruidos para documentar de manera expedita a aquellos ciudadanos extranjeros que deseen realizar labores de observación en el país, en el entendido de que dichas actividades deberán ajustarse al estado de derecho y al marco jurídico aplicable".

En febrero el comisionado del INM, Felipe de Jesús Preciado informaba que en el marco de una "política de apertura" encabezada por el gobierno de Vicente Fox, el Instituto Nacional de Migración (INM) inició la recepción de solicitudes para que los 160 ciudadanos extranjeros expulsados durante los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo por su apoyo hacia las comunidades indígenas de Chiapas y su simpatía con las causas del EZLN puedan retornar al país y se les levante la condición de "personajes indeseables".

A tenor de lo expuesto han regresado ya o pueden hacerlo, entre otros: el estadunidense Peter Brown, expulsado em 1998, cuando se le acusó de desconocer a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al construir una escuela secundaria autónoma indígena en Oventic, Chiapas: los 43 italianos de la organización internacional "¡Ya Basta!", expulsados "de por vida" en 1998 por el gobierno mexicano al enfrentar acusaciones de participación política en el ejido Taniperlas, Chiapas, el anciano sacerdote francés, Michel Chanteau, que fue párroco de Chenalhó en los Altos de Chiapas, durante casi 30 años, y que en 1998 fue expulsado supuestamente a perpetuidad por el "gobierno" de Ernesto Zedillo y los sacerdotes: Loren Riebe, de Estados Unidos; Rodolfo Izal, de España; Jorge Barón, de Argentina.

En materia de derechos humanos la actual administración federal acepta la supervisión internacional y reconocimiento a los organismos intergubernamentales que vigilan su cumplimiento, manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el 1 de septiembre.