ANEXO V

Comunicado del comisionado para la paz en Chiapas
3 de septiembre de 2001

Voy a hablar sobre dos temas, las reformas constitucionales en materia de cultura indígena el pasado 15 de agosto y el proceso de paz en la entidad (Chiapas).

Este comisionado no puede sino respetar los mecanismos que la propia constitución dispone para su reforma los poderes federal y estatal en calidad de constituyente permanente por ello no es prudente ni mucho menos responsable sugerir una supuesta falta de legitimidad de la reforma puesto que su aprobación se sujetó a los procedimientos establecidos de antemano.

Corresponderá en todo caso a la Suprema Corte desahogar las controversias que al respecto se produzcan así funciona la democracia.

Por otro lado no puede negarse que el texto aprobado antes que generar los consensos que el gobierno federal hubiera deseado, ha suscitado una amplia polémica sobre su contenido, diversos actores que entre ellos el ELZN considera que esta reforma no atiende reivindicaciones de los pueblos indios tales como autonomía, libre determinación, reconocimiento de sus pueblos como sujetos de derecho público, tierras y territorios indígenas, uso y disfrute de recursos naturales de asociación regional, entre otras.

También se ha cuestionado la validez de la reforma bajo el argumento de que estados en los que vive gran parte de la población indígena tales como Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, se manifestaron en contra del texto aprobado.

Al respecto cabría recordar que bajo la poca probabilidad de generar unanimidad respecto a temas fundamentales de la nación como es este el que nos ocupa, la relevancia del proceso de reforma constitucional es que da igual peso a la opinión de los representantes de cada parte de la federación y en eso consiste su fuerza.

Dicho esto, estoy convencido que quienes nos hemos comprometido con el desarrollo de los pueblos indígenas no podemos negarnos a escuchar a quienes argumentan que la reforma fue insuficiente, pero lo cierto es que tampoco contribuye en nada su rechazo absoluto y la descalificación de los poderes públicos que intervinieron en su aprobación.

La situación de injusticia que han sufrido los pueblos indígenas nos obliga a todos a asumir una actitud constructiva y responsable.

La reforma aprobada por el Constituyente permanente contiene avances que no pueden ser soslayados, constituye una primera piedra en la relación entre los pueblos indios, la sociedad y el estado mexicano a la que este gobierno se ha comprometido.

Insisto, el desarrollo integral de los pueblos indígenas implica aceptar con honestidad aquellos aspectos en los que se logró avanzar y por supuesto, también identificar con claridad las insuficiencias y temas pendientes.

La única forma en que podremos profundizar en beneficio de los pueblos indígenas, es deliberando con argumentos y razones no con descalificaciones ni con posiciones polarizadas.

En el nuevo México que por fortuna vivimos no cabe la violencia como vía de resolución de conflictos, no hay más caminos que la competencia electoral y las instituciones democráticas para superar nuestras diferencias.

Todos los mexicanos estamos obligados a fortalecer las instituciones democráticas que tanto tiempo y esfuerzo nos han llevado construir.

Los mexicanos optamos claramente por las vías de la política abierta y de frente, por la construcción de la paz, por el establecimiento de la justicia, por el ejercicio de las libertades y la vigencia de los derechos humanos de todos.

Por ello, hago un respetuoso llamado a todos aquellos que se han destacado por su conocimiento de la problemática y su trabajo en beneficio de los pueblos indígenas, para que impulsemos un debate nacional serio, responsable que nos permita construir una casa digna para ellos a partir del nuevo viso constitucional.

Estoy convencido de que en México existe gente con la calidad moral y un compromiso inequívoco con la justicia que pueden contribuir a encontrar las rutas necesarias para encausar este debate y mejorar su alcanzado hasta ahora.

Por mi parte me comprometo a que con mis compañeros de gabinete redoblaremos los esfuerzos del gobierno federal para atender las causas que contribuyeron al surgimiento del conflicto y para que quienes por la misma naturaleza de nuestra encomienda tenemos contacto con las comunidades indígenas escuchemos con atención lo que estas tienen que decir.

Por otra parte, en lo que se refiere al proceso de paz, esta coordinación reitera su firme convencimiento de que a través del diálogo podemos construir acuerdos firmes y duraderos.

Las acciones que realizamos desde diciembre y los programas que se han y seguirán instrumentando en beneficio de pueblos y comunidades indígenas son muestra inobjetable de que para este gobierno un conflicto que tuvo como origen la injusticia no puede ser resuelto a través de las armas.

Seguiremos trabajando para construir puentes que nos conduzcan al diálogo pero el diálogo que queremos es abierto, sustentado en compromisos recíprocos, no condicionado por alguna de las partes y que no pueda ser interrumpido de forma unilateral cada vez que surjan diferencias.

El EZLN ha decidido no reanudar el diálogo con el gobierno federal porque estima que el resultado que la reforma en materia de derechos y cultura indígena no fue satisfactorio.

El EZLN tiene por supuesto todo el derecho de disentir con lo aprobado por el Constituyente Permanente, pero este comisionado considera que esto no justifica la negativa de los zapatistas a abrir conversaciones con un gobierno que a todas luces ha dado muestras certificables de su compromiso con la paz.

El diálogo no es un fin en sí mismo, ni mucho menos una concesión de una de las partes a la otra, el diálogo es simplemente un mecanismo, una herramienta para discutir nuestras diferencias y encontrar soluciones a nuestros problemas.

Hablando se entiende la gente. Dialogando es posible superar equívocos y construir acuerdos. Por parte del gobierno federal no quedará.

En todo momento estamos y estaremos abiertos al diálogo y a la reconciliación, pero para dialogar y resolver diferencias comunes no es suficiente la voluntad y disposición de sólo una de las partes, es necesario un compromiso mutuo por la paz. Estamos listos si el EZLN desea dialogar, pero de ninguna forma vamos a quedarnos paralizados si no desea hacerlo.

El gobierno federal tiene el mandato de construir una nueva relación entre los pueblos indios, la sociedad y el Estado.

Además de impulsar un análisis riguroso sobre los temas en los que se lograron avances gracias a la reforma y la identificación de elementos que hayan sido insuficientemente tratados.

El Ejecutivo está obligado a profundizar los cambios a instituciones y leyes federales que se derivan de la reforma, a instrumentar programas para el desarrollo integral en beneficio de los pueblos, a respaldar las medidas de reconciliación en la región encabezada por el gobernador Salazar, y a trabajar para crear condiciones de paz para los chiapanecos, y de justicia para todos los indígenas.

Ello implica atender el conjunto de problemas que emergieron por el conflicto armado a través de promover la conviviencia pacífica y evitar la polarización y descomposición social del Estado.

En este sentido, reconocemos el gran gobierno de Pablo Salazar para hacer posible el regreso de los desplazados de la Asociación Civil Las Abejas, a sus comunidades de origen.

El gobierno federal respaldará todas las medidas que instrumente el gobierno del estado para crear condiciones de justicia y reconciliación entre los chiapanecos y para que quienes fueron desplazados de sus lugares de origen puedan retornar a ellos con plenas garantías a su seguridad.

Corresponde al EZLN decidir si sigue esperando otros tiempos para reanudar conversaciones con el gobierno; están en un país libre, regido por instituciones democráticas y por tanto son responsables de sus propias decisiones. Pero reitero el gobierno no puede darse el lujo de perder oportunidades aguardando a un diálogo que no está solo en sus manos instrumentar.

Lo que debemos hacer es poner manos a la obra pues es evidente que ni el desarrollo de los pueblos indios ni la consolidación de la democracia en México pueden esperar. Gracias.