ANEXO VII

PLAN PUEBLA-PANAMA

Con el compromiso de consolidar una relación de socios en el comercio de bienes y servicios, en la promoción económica y en el financiamiento del desarrollo, los gobiernos de México, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Belice y Nicaragua firmaron (15 de junio de 2001) el convenio que contiene las "líneas estratégicas" del Plan Puebla-Panamá (PPP), entre las que destacan la interconexión energética, integración de los servicios de telecomunicación y la "integración de un corredor vial" que permita, promueva y facilite los flujos de personas y capitales, así como el intercambio comercial.

En el acuerdo se incluyó una cláusula democrática, en la que los jefes de Estado firmantes se comprometen a adoptar la Carta Democrática Interamericana que aprobó la Asamblea General de la OEA el pasado 5 de junio. Asimismo establecieron que "cualquier alteración o ruptura del orden democrático" en alguno de los países del PPP "constituirá un obstáculo para su participación en el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, incluyendo las iniciativas" del plan de desarrollo signado este viernes en San Salvador.

De los objetivos trazados a mediano plazo por los gobiernos de México y del istmo centroamericano sobresale el de avanzar "en la materialización de un mayor intercambio comercial no discriminatorio de bienes y servicios mediante la ampliación e implementación de los acuerdos de libre comercio suscritos y por suscribir" y, por ende, su "apoyo al proceso de apertura comercial hemisférica que debe culminar en el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)".

Seminario por la Biodiversidad Cultural y Biológica
Con llamados a construir proyectos alternativos de desarrollo y formas de respuesta organizada frente a iniciativas como el Plan Puebla-Panamá (PPP), representantes de 118 organizaciones de 11 países iniciaron en San Cristobal de Las Casas el primer Seminario por la Biodiversidad Cultural y Biológica.

Al explicar los motivos del encuentro, que reúne a más de 300 personas, Ana Valadez, integrante de la coordinación del evento, dijo que esta región "es determinante para las empresas trasnacionales por ser un punto de convergencia de la biodiversidad en el mundo", por lo que "si aquí se discute y se demanda la suspensión de un proyecto como el PPP, creemos que puede tener impacto".

Asesora del Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas, precisó que uno de los propósitos de la reunión es "abrir un espacio de discusión amplia sobre el tema de la biodiversidad y la problemática a su alrededor, para construir juntos una posición informada de estos temas tan complicados a los cuales no accedemos como pueblos y organizaciones. Este es un intento por construir una forma de comunicación más popular sobre estos tecnicismos".

Durante el primer día de los trabajos, algunos participantes aseguraron que el gobierno no ha cumplido los acuerdos de San Andrés, de acuerdo con la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), porque de esta forma los indígenas tendrían que ser tomados en cuenta si alguna compañía pretendiera aprovechar sus recursos naturales, "y los ricos no están dispuestos a ello".

El investigador Andrés Barreda, quien participó como ponente, aseguró que los promotores del PPP "van a avanzar en la idea de expulsión campesina, de saqueo, de acaparamiento y de monopolio hasta donde la gente se deje". La posibilidad de frenar este proyecto dependerá "de la prontitud con que se conformen redes alternativas, no sólo de resistencia y movilización para decir que no, sino para tener alternativas propias", advirtió.

Añadió que en parte la ley indígena no fue aprobada en el Congreso conforme a la propuesta de la Cocopa por los intereses de este megaproyecto impulsado por los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID), aunque precisó que "ciertamente se impusieron razones culturales muy fuertes como el racismo de los senadores y de la mayoría de los diputados".

Pero de algunos legisladores, reiteró, "advertidos de lo que significan los megaproyectos, entendieron claramente que este tipo de derechos democráticos de los pueblos indígenas impedirían hacer negocio", como los que se pudieran concretar en el PPP. Por ello sostuvo que "en la resistencia al PPP mucha población se está jugando la supervivencia misma, física o cultural".

Los participantes en el Primer Seminario por la Biodiversidad Cultural y Biológica, manifestaron su total rechazo al Plan Puebla-Panamá (PPP) por considerar que ''es una especie de colonialismo nuevo que beneficiará más a las empresas trasnacionales en perjuicio de la clase más pobre".

Al resumir la posición de los asistentes de 15 países, en representación de 184 organizaciones el investigador Gustavo Castro dijo que al conocer que en San Salvador los presidentes del área involucrada firmaron el convenio que contiene las ''líneas estratégicas'' del PPP, ''la reacción ha sido de molestia, porque el gobierno va avanzando muy rápido y nosotros no estamos de acuerdo en ese proyecto''.

Afirmó que como alternativa a este megaproyecto, los asistentes al foro se manifestaron por un proyecto incluyente de desarrollo sustentable que implique la defensa de la soberanía, sin imposiciones de gobiernos ni trasnacionales".

Durante las mesas de trabajo se insistió mucho en el derecho de los pueblos a la autonomía para decidir sobre su propio desarrollo y rechazar los proyectos impuestos. ''El anuncio de la firma en El Salvador comenzó a generar inquietud, de tal forma que ya se está acordando la realización de un foro en la península y otro el istmo en los próximos meses'', dijo.

Añadió que desde que se conoció el proyecto ''ha habido una respuesta rápida de la gente, a diferencia de otros tratados, como el que se firmó con la Unión Europea o el mismo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá''.

A su vez, Ana Valdez, de la coordinación del foro, manifestó que durante estos dos días de trabajo se ha propuesto la formación de una red de coordinación entre la gente y las organizaciones, así como realizar movilizaciones para enfrentar y frenar el PPP. ''La posición de todos los compañeros es de indignación por la falta de respeto ante el reclamo que muchas organizaciones han venido haciendo desde que se supo del programa, porque los gobiernos no nos toman en cuenta'', sostuvo, y aseveró que antes de firmar convenios de este tipo las autoridades deberían de escuchar las posturas reales que se dan en foros como éste.

La investigadora Silvia Ribeiro, de la Fundación Internacional para el Progreso en el Campo, expuso que una de las formas de frenar el PPP es a través del reconocimiento de los derechos indígenas ''en su totalidad, para que no se puedan privatizar los recursos naturales y para que los campesinos decidan el modelo de desarrollo de acuerdo a sus necesidades y no que desde arriba los gobiernos o empresas trasnacionales les digan cómo será el desarrollo''.

Indicó que por ser un país ''megadiverso'' y tener muchísimas culturas, México ''es muy atractivo para las empresas trasnacionales''. Puntualizó que en los últimos 20 años ha habido una concentración empresarial que no tiene precedentes.

Ribeiro insistió en que ''una clave para frenar el saqueo de los recursos es la aprobación de la ley indígena'' con base en la propuesta que hizo la Comisión de Concordia y Pacificación. ''El que los pueblos tengan acceso a sus derechos, control sobre sus recursos naturales, permitiría que ellos digan de qué manera quieren participar en la investigación de los mismos. La aprobación de la ley sería un freno efectivo a estas multinacionales que hacen el saqueo, pues las leyes actuales sólo lo legalizan'', precisó en referencia a la apropiación por parte de empresas trasnacionales, de recursos de las comunidades.

Asimismo, opinó que esta situación ''se puede agravar con el PPP, porque una de las oportunidades en este proyecto es la riqueza genética de la región (la contemplada en el PPP), la cual es una de las de mayor diversidad del planeta''. Este megaproyecto, insistió, ''puede exacerbar el tema de la biopiratería''.

Sobre este tema, Ana Valdez comentó que se ha propuesto como alternativa difundirlo a través de una forma popular a las comunidades y a los pueblos, y desarrollar redes de monitoreo de las investigaciones que se hacen, así como del ''robo y el saqueo''.

En su declaración final, los asistentes al primer Encuentro por la Diversidad Biológica y Cultural rechazaron la ley indígena que aprobó en abril el Congreso de la Unión, y pidieron al presidente Vicente Fox que la vete, con el argumento de que su redacción actual representa un "candado" para que organizaciones y comunidades étnicas sean tomadas en cuenta en proyectos de desarrollo.

Los representantes de 191 organizaciones provenientes de 15 países rechazaron también las recientes declaraciones de Fox en el sentido de que el Plan Puebla-Panamá (PPP) "vale mil veces más que una comunidad indígena". Esto, subrayaron, "evidencia la naturaleza mercantil capitalista que manda en su corazón".

Asimismo, exigieron el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 16 de febrero de 1996.

Al manifestar su rechazo al PPP, los participantes en la reunión exigieron la creación de un plan de desarrollo popular, democrático y sustentable cultural y ecológicamente, basado en las necesidades de las comunidades, donde los proyectos de inversión sean consultados a la sociedad en general.

En el documento final, leído esta noche al ser clausurado el encuentro que inició el pasado jueves, los más de 500 asistentes insistieron en exigir "el veto presidencial a la reforma constitucional Bartlett-Cevallos-Ortega, del Congreso federal sobre derechos y cultura indígenas".

Al respecto, el investigador Gustavo Castro -uno de los coordinadores de la reunión- dijo en entrevista que la posición generalizada fue que el Congreso de la Unión no aprobó la propuesta de la Cocopa, porque de esa forma se reconocería la autonomía de los pueblos indígenas, lo que representa "ponerle un dique al proceso de privatización" de los recursos naturales que ya está en marcha.

"La ley indígena que se aprobó está facilitando a las empresas la explotación de los recursos naturales, al quitarle a los pueblos indígenas el derecho a la territorialidad y a la autonomía". En cambio, sostuvo, "si se aprueba la ley Cocopa se le daría más fortaleza a las regiones y a las comunidades para que estén en sus regiones y puedan aprovechar el agua y la biodiversidad, y para que se les tome en cuenta y tengan tierras y apoyos económicos".

Señaló que una de las propuestas del PPP es "concentrar a los indígenas en poblaciones en las que a las autoridades les cueste menos ofrecerles servicios públicos, ya que como están actualmente tan dispersos es una gastadera de dinero. Quieren reducirlos, concentrarlos para ofrecerles servicios básicos y al mismo tiempo tener mano de obra barata. Eso hicieron en el norte del país y no han resuelto nada".

Castro opinó que debido a la aprobación de la ley indígena "se están separando la voluntad popular y el sentimiento de los pueblos indígenas respecto a sus representantes supuestamente democráticos. No existe una relación nueva, distinta entre gobierno y pueblo, no sólo con los indígenas sino con la sociedad en su conjunto, y eso implica una pérdida de consenso".

Consideró que con lo anterior "lo único que está haciendo el gobierno federal es regresar a las condiciones del 1994.

En su declaración final, los participantes en la reunión demandaron a los estados el cumplimiento de los compromisos adquiridos en tratados internacionales sobre derechos humanos y la seguridad alimentaria; la elaboración de una ley de protección a los recursos naturales y genéticos, previa consulta a los pueblos indígenas, y el respeto a los recursos naturales y minerales de los pueblos por parte del gobierno.

Rechazaron la biopiratería, la explotación y destrucción de sus tierras y territorios, los monocultivos y plantaciones que "alteran nuestros ecosistemas; el acoso, la invasión y el
saqueo de nuestras riquezas y recursos naturales".

Al mismo tiempo el Consejo autónomo zapatista de Roberto Barrios en um comunicado manifestaba que en el ejido Roberto Barrios el gobierno federal pretende construir un hotel, carreteras y campos de golf, lo cual pone en riesgo los recursos naturales de esa zona y "es una grave amenaza a nuestra forma de vida y subsistencia".

Ese proyecto, forma parte del Plan Puebla-Panamá impulsado por el Presidente Vicente Fox y "perjudicaría a los indígenas y los beneficiados serían los intereses empresariales". Fox plantea como la panacea para resolver la situación de sus "'hermanos indígenas" un plan de desarrollo que atraviesa ocho estados del sureste del país, y buscará la integración estrictamente económica de éste con seis países de Centroamérica, región que comprende una gran riqueza natural y una biodiversidad impresionante".

Por ello, advierten que "nadie que conozca la situación socioeconómica de la población del sureste mexicano y de Centro América, que es mayoritariamente indígena, podría decir que no se requiere de una fuerte inversión en infraestructura y en apoyos para activar la economía regional. Sin embargo, el PPP no es una respuesta para estas comunidades sino para las grandes empresas transnacionales y Estados Unidos, quienes ven en la región una oportunidad inigualable para el saqueo de la biodiversidad, una respuesta a la crisis energética de los feroces consumidores norteamericanos y una enorme fuente de mano de obra barata para la maquila".

"El PPP, por más que quiera ser presentado como un proyecto económico que tenderá a beneficiar a la población indígena de Chiapas y todo el sureste, no es un proyecto autónomo pensado con estos fines; es un proyecto económico que quedará regido por el marco jurídico del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)".

"El ALCA, se sabe, será una ampliación a todo el continente, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)a con todo y su tristemente famoso Capítulo 11, que establece el derecho de compañías extranjeras a demandar a los gobiernos nacionales por cualquier medida que tienda a limitar sus negocios. Ni ciudadanos ni compañías nacionales tienen este derecho. En los hechos, esta cláusula ha impedido que los gobiernos tomen medidas para proteger la salud de su población y el medio ambiente de su territorio", añadió.

De esa manera, cualquier medida administrativa y legislativa encaminada a proteger la economía local o la desprotección social de los indígenas no podrá ser impugnada de ninguna forma. Por eso, la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley indígena no es una casualidad.

"Es claro que la población indígena que vive a lo largo de México y Centro América, desde Puebla hasta Panamá, no necesita de este PPP. Lo que la región necesita son las condiciones necesarias para decidir sobre su propio destino económico: que esté regido por la autonomía y la independencia alimentaria y que se rija por principios democráticos, de equidad, justicia y respeto al medio ambiente y a la biodiversidad. Un proyecto económico que beneficie a la gente debe ser, pues, uno que esté fundamentado en los principios y aspiraciones de los derechos humanos, es decir, en el respeto y la dignidad de las personas y el cuidado del medio ambiente por encima de cualquier otro interés".