Al igual que en la región de los Altos, la violencia paramilitar asola el Norte del Estado. Quizás debido a la lejanía, los problemas que enfrentan los desplazados en esta zona han sido menos documentados.
Eso a su vez, favorece a los grupos paramilitares que,  en toda impunidad ejercen un control sobre las vías de acceso y sobre la población civil.

Aunque en el año 1996, se registró un repunte de ataques a comunidades indígenas cuya mayoría, hasta la fecha permanecen desplazadas, el fenómeno de la violencia en esta región no inicia con la aparición del movimiento zapatista.

 Zona ganadera y cafetalera, colindante con el Estado de Tabasco, la Zona Norte tiene una larga tradición de conflictos agrarios en donde las “guardias blancas” al servicio de los grandes propietarios jugaron un papel importante en la contención de movimientos que amenazaban sus intereses económicos. Esta situación ha propiciado un terreno fértil para el desarrollo del grupo paramilitar “Desarrollo, Paz y Justicia” que desde su creación en el año 1995 probablemente tiene en su activo el mayor número de operativos en contra de grupos de población opositores. Por otro lado, es interesante notar que  la mayoría de los detenidos por delito de opinión (aunque oficialmente procesados por delitos comunes) provienen de la Zona Norte. (Reportarse a los capítulos III.B.16. y III.B.17. de este informe)

En un extenso informe elaborado en abril de 1998 y titulado “NI PAZ, NI JUSTICIA” el Centro Fray Bartolomé de las Casas se refiere a la situación en la Zona Norte de la siguiente manera:

Las batallas, la correlación de fuerzas en las microregiones, la correlación de fuerzas en la Zona Norte, la correlación de fuerzas estatal y también la nacional dan al lector, cada una, un aspecto de la realidad de guerra que los ch´oles viven hoy mismo.

(...) No hay libre tránsito, ni garantías judiciales, ni nada. La vida se ha reducido a su mínima expresión al tiempo que la sociedad civil desapareció por obra de la guerra irregular que el Estado Mexicano decidió hacerle a los ch´oles. El aislamiento que les causan sus corredores montañosos y la insalubridad de sus tierras bajas ha dejado a éstos conciudadanos mexicanos fuera de la prensa, fuera del debate, fuera de la República (...)

Informe “NI PAZ NI JUSTICIA” CDHFBLC-Abril 98. (Capitulo. 7.8)
 

VISITA A LA COMUNIDAD DE JOLNIXTIÉ.

El día 21 de noviembre, 7 miembros de la comisión viajaron a la Zona Norte. La entrevista se realizó en Jolnixtié con la participación de representantes y autoridades de distintas comunidades aledañas, entre ellas: Jolnixtié, Libertad-Jolnixtié 2º Sección, Masojá Shucjá, Misopá y Cerro Misopá.

Los entrevistados manifestaron que pocas cosas han cambiado desde la primera visita de comisión el año pasado. Reportan sobre todo las violaciones a su derecho de transitar libremente por la zona. En una conversación anexa con un anciano de la comunidad de Jolnixtié, este manifestó que ya no sale a ninguna parte pues tiene miedo de ser agredido por miembros del grupo paramilitar "Paz y Justicia”.
 

SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES:

Cabe señalar que en todos los lugares mencionados viven personas que fueron desplazadas desde el año 1995 o 1996 a causa de la violencia paramilitar. Por eso este tema ocupó un lugar central en las exposiciones.

Los entrevistados nos proporcionaron los siguientes datos acerca de la distribución de las familias desplazadas en sus comunidades (Para datos más generales ver documento anexo proporcionado por Enlace Civil A.C. sobre ubicación de población desplazada en todo el Estado de Chiapas):

Desplazados en Masojá Shucjá:  10 familias (56 personas) de la Comunidad "Miguel Alemán" desde el 28 de agosto de 1995.  16 familias de Susuclumil (60 personas) desde el 17 de junio de 1996.  7 familias de Tzaquil (31 personas) desde el 3 de octubre de 1995.

Desplazados en Jolnixtié:  7 familias de "Agua Fría" desde el 17 de junio de 1996

Desplazados repartidos en otros lugares:  6 familias de "Masojá Grande" se fueron al Estado de Campeche en 1996.  22 familias de "Ojo de Agua" repartidas en varias comunidades y en terrenos nacionales.

Hasta el momento no han recibido ninguna garantía por parte del gobierno que les permita emprender un retorno a sus lugares de origen.  Durante el periodo del Gobernador del Estado Julio Cesar Ruiz Ferro, algunos pobladores de Masojá Grande creyeron la palabra del Coronel al mando Leopoldo Díaz y regresaron. Sin embargo, pronto sufrieron nuevos ataques que les obligaron a huir nuevamente.

Según las informaciones recabadas, las familias desplazadas no tienen terreno propio y tienen que alquilar o prestar tierras para poder sembrar y asegurar su supervivencia. La escasez les obliga a cultivar la misma parcela sin dejar descansar la tierra que así se vuelve menos productiva. Esto significa una sensible disminución del ya escaso ingreso familiar.

En la mayoría de los casos, las tierras de las cuales fueron expulsados ya están siendo trabajadas por otros. Los desplazados no han podido hacer valer sus derechos en contra del despojo del cual se sienten víctimas.

Las familias de "Cruz Palenque" que estaban refugiadas en Misopá recién pudieron regresar a su comunidad pero no recibieron ninguna indemnización por los bienes que tuvieron que dejar atrás cuando fueron desalojadas.

En sus intervenciones, los representantes de las Comunidades hicieron especial énfasis en la situación económica en que les dejo la perdida de sus tierras. En reiteradas ocasiones han entregado listas de sus bienes perdidos junto con solicitudes de indemnización a las autoridades competentes. Jamás han recibido respuesta.

Lo único que se les ha ofrecido son aves de corral y borregos. Sin embargo, están inconformes con la propuesta ya que dicen haberse dedicado siempre a la ganadería. Además expresaron que los borregos no se adaptan a estas tierras y se mueren. Igual sucede con las aves que son de granja y por tanto requieren de cuidados especiales que no están en condición de proporcionar.
 

RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO Y A LA LIBERTAD RELIGIOSA.

Los representantes de las comunidades expresaron que la vigilancia constante ejercida por los miembros del grupo paramilitar "Paz y Justicia" les impide movilizarse a otras comunidades, especialmente hacía Tila, la cabecera municipal.

Afirmaron que temen ser golpeados o desaparecidos en los retenes paramilitares Esta situación causa especial temor a las mujeres y los ancianos. De hecho, muchas personas ya no salen de la comunidad.

Miembros del grupo "Paz Y Justicia" controlan el paso en las comunidades de “Miguel Alemán”, La Curva, El Limar, Agua Fría, El Crucero y Tila, y hacen bajar de los vehículos a todo aquel que no resulta de su agrado. Eso vale tanto para los pobladores de la zona como para observadores foráneos. La única vía de acceso conduce a Macuspana (Estado de Tabasco). A la salida está el destacamento militar de Melchor Ocampo. El camino de terracería que está en obra desde el año pasado no está suficientemente revestido ni compactado así que desde las primeras lluvias se vuelve intransitable para los vehículos. La distancia a pie entre Jolnixtié y Melchor Ocampo es de 5 a 6 horas. A consecuencia de esta situación, los pobladores enfrentan serios problemas de abastecimiento. Se les imposibilita el traslado de enfermos en caso de necesidad y dificulta la realización de gestiones administrativas en la cabecera municipal, Tila. Es de temer que la ley de remunicipalización recién promulgada por el gobierno estatal no contribuirá a aportar una solución en este aspecto.

Otros de los efectos del encierro que sufren las comunidades se refiere a la imposibilidad de participar en actividades religiosas en la cabecera municipal (que es un lugar de peregrinación muy importante) o de recibir la visita del párroco de Tila, que desde hace 4 años ha sido declarado "persona non grata" por los miembros de "Paz y Justicia". El padre Heriberto Cruz Vera no puede viajar por temor a ser atacado en camino y vive prácticamente recluido en su iglesia.

Los atropellos a la libertad de ejercer el culto han sido numerosos en la Zona Norte en los últimos años. La iglesia de Tzaquil ha sido quemada, las de “Miguel Alemán” y el Limar están cerradas. Allí la misa se celebra en una casa particular. La iglesia de Guanal, fue "rafagueada" en 1996 y solamente recién volvió a abrir. En Cerro Misopá los manteles y el equipo de sonido de la iglesia fueron robados.

Finalmente, el 11 de noviembre de 1999, agentes de la Comisión Federal de Electricidad llegaron a cortar la energía que abastecía (desde hace apenas unos meses) la iglesia de Jolnixtié, causando consternación entre los pobladores quienes ahora temen que también se les retire el flujo eléctrico de sus casas de habitación. Los representantes de Jolnixtié informaron a la Comisión que han acordado no pagar la energía hasta que su petición de indemnización (por los bienes perdidos a raíz del desplazamiento) haya sido atendida debidamente por las autoridades.

La actitud adoptada por los agentes de la CFE, de proceder al corte de luz sin siquiera notificar fue interpretada como humillante e irrespetuosa hacia las autoridades de la comunidad
 

EL PESO DE LA IMPUNIDAD.

Además de denunciar el acoso del cual son víctimas, los entrevistados expresaron su asombro ante la desigualdad en la impartición de justicia.  El caso de la muerte de José Tila constituye un ejemplo significativo de la impunidad que cubre a los paramilitares.

El 21 de febrero de 1998, José Tila López García fue acribillado a balazos y ultimado a machetazos por 7 hombres cuando, acompañado por su padre regresaba a Jolnixtié después de haber brindado su testimonio a una delegación de la CCIODH (El primer informe ha sido dedicado a su memoria).  Los elementos de la Seguridad Pública destacados en Jolnixtié se negaron a emitir orden de aprehensión en contra de los agresores a pesar de que estos hayan sido identificados formalmente por el padre del fallecido.

La llegada tres días mas tarde del procurador de justicia, cuando los autores ya se habían dado a la fuga, desató la ira de la población que expulsó a los representantes del orden. Desde entonces, según los testimonios, efectivos de la policía destacados en otras comunidades efectúan patrullajes cada tres o cuatro días.

Después de esconderse en una comunidad vecina por aproximadamente un año, los responsables de la muerte de José Tila han vuelto a Jolnixtié. Gozan de plena libertad e incluso se han visto involucrados en otras acciones violentas:

El 18 de septiembre de 1999, llegaron en estado de ebriedad al campamento Civil por la Paz y tras haber amenazado los presentes intentaron golpearlos con sus machetes. Las señas quedaron visibles en las instalaciones.

El 20 de septiembre de 1999, siempre de acuerdo al testimonio de los entrevistados, dispararon en contra de un grupo de desplazados de la comunidad de Masojá Shucjá, fallando por muy poco a uno de los agredidos.

Mateo López Pérez originario de Panchúc, es el único procesado por el asesinato de José Tila. Actualmente está recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Cerro Hueco (Tuxtla Gutiérrez). Según parece, hace poco, se ha girado una petición para su liberación. El padre de José Tila, quién fue citado a declarar como principal testigo no había podido acudir a la cita por falta de recursos y por temor a ser interceptado en camino.

Aprovechó la visita de la delegación de la CCIODH para trasladarse a San Cristóbal de las Casas, donde el caso es atendido por el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas".  Poco minutos después de pasar por el lugar donde, escondida entre la maleza, se erige la cruz que marca el lugar donde cayó José Tila, varios hombres pasaron cabalgando en sentido contrario al vehículo en el cual viajaba la Comisión. El padre de José Tila se encogió en su asiento y luego identificó a los jinetes como los asesinos de su hijo. Visiblemente impresionado, confesó que ha recibido amenazas y presiones para que desista de sus acusaciones. Nunca puede desplazarse sólo, ni dentro ni fuera de la comunidad.

La complacencia de las fuerzas de Seguridad Pública para con los miembros connotados de "Paz y Justicia" y los seguidores del partido oficialista PRI, fue señalada también por el representante de Misopá. Según relató el 7 de noviembre, día en que se realizó la consulta interna para escoger el candidato presidencial de este partido, elementos de la Seguridad Pública acampados en Cerro Misopá realizaron disparos en el centro de la comunidad  junto con simpatizantes del PRI, quienes están jefeados por Rubén Reyes, señalado en el año 98 a la delegación de la CCIODH como dirigente local de "Paz y Justicia".

En cambio, se nota una actitud mucho más eficiente por parte de las autoridades  cuando los delitos son imputados a personas identificadas con el zapatismo o con el partido de oposición PRD.  Tres personas originarias de Jolnixtié y Cerro Misopá están actualmente detenidas. Aunque sostienen estar presos por delito de opinión, purgan penas largas por delitos comunes producto de acusaciones calificadas como "prefabricadas" por los entrevistados. El año pasado, miembros de la comunidad junto con familiares de detenidos realizaron un plantón de 85 días frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez para pedir su liberación y la de los demás presos agrupados en la organización "La Voz de Cerro Hueco".

Los entrevistados mencionaron los registros constantes a los cuales están siendo sometidos en los retenes del Ejército. También relataron el incidente sucedido el 10 de abril de 1999, en Jolnixtié, cuando los pobladores se encontraban conmemorando el aniversario del asesinato de Emiliano Zapata.  En medio de la noche, hubo un corte de energía y acto seguido llegaron numerosos efectivos del Ejército Federal. Con el pretexto de que dos soldados habían sido asaltados y despojados de sus armas, catearon toda la comunidad, reiterando el operativo al día siguiente.

En junio de este año, en Tila, el Señor Cándido Arcos Torres quién se disponía a viajar a bordo de una camioneta fue bajado brutalmente por elementos de la Seguridad Publica y golpeado a muerte en plena calle. Uno de los autores del crimen ha sido detenido, el otro se encuentra prófugo.
 

CONCLUSIÓNES:

El problema principal en la Zona Norte sigue siendo la presencia de grupos paramilitares que actúan con total impunidad y con la complicidad de las fuerzas castrenses.  Esta situación es el causante de las violaciones al derecho a la libre circulación que afecta la población civil en los siguientes aspectos:

No pueden ir a trabajar tranquilos sus milpas

No pueden hacer gestiones administrativas en la cabecera municipal

No pueden ir a vender sus productos, ni abastecerse correctamente.

No pueden acudir a la iglesia de Tila ni ser visitados por el párroco.

Varias comunidades quedan desplazadas, no hay garantías para su retorno.

No fueron indemnizados por las perdidas que sufrieron.

El desplazamiento y la perdida de numerosas cabezas de ganado ha hecho derrumbarse la frágil economía familiar y comunitaria.

Las dificultades para sustentarse parecen mayor que el año pasado.

En sus testimonios, los entrevistados corroboran versiones difundidas en distintos medios acerca de la división de "Paz y Justicia" promovida por  sus mismos dirigentes pero estiman que la fragmentación puede tener efectos aun más temibles, con la formación de grupitos fuera de todo control reconvertidos a actividades meramente delictivas alejada de cualquier fundamento político.

Atribuyen el fenómeno a la incomprensión de las bases ante el cambio de estrategia de sus dirigentes que durante años les incentivaron para provocar  enfrentamientos en las comunidades y ahora pretenden apaciguar los ánimos.

En estas circunstancias, los representantes manifiestan que no confían en las promesas del gobierno y que no están reunidas las condiciones para solucionar pronto el conflicto. Se refieren al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés.
 

TESTIMONIOS:
 

Transcripción de la conversación con los entrevistados.

Hemos organizado comunidades para exigir del gobierno, solución a nuestros problemas. Pero no hemos recibido respuestas.

Nuestra primera demanda es acerca de los presos políticos. Hay mas de 60 presos políticos que están siendo acusados de homicidios, de delitos que no han cometidos y que fueron prefabricados.  (Hay tres detenidos de la Voz de Cerro Hueco que son originarios de las comunidades arriba citadas:  Uno de Cerro Misopá y otro de Jolnixtié están en Cerro Hueco, el último está recluido en una cárcel de Tabasco. Hasta el momento no se ha podido obtener su traslado. N.d.T.).

Segunda demanda: Perdida del ganado. Cuando fuimos desplazados, nuestras pertenencias y viviendas fueron destruidas y quemadas, nuestras aves de corral robados. Hemos perdido todo y no hemos podido recuperar nada. Queremos recuperar nuestro patrimonio para poder desarrollarnos para el futuro de nuestros hijos. Queremos poder darles una buena educación.

Queremos que nuestro problema se solucione pacíficamente.  No queremos conflicto con los de "Paz y Justicia" que se organizaron con el apoyo de la Seguridad Publica para perseguirnos y acabar con nosotros. Murieron muchos compañeros.  Sin embargo, nosotros nunca hemos desplazado a nadie de ninguna comunidad.  Queremos trabajar en paz, no queremos mas violencia.

Los de "Paz y Justicia" son los que pertenecen al PRI.  No tenemos libre transito. En las comunidades de “Miguel Alemán”, El Crucero, Limar, Agua Fría, si nos ven pasar nos bajan de los vehículos y nos desaparecen.  El único punto donde podemos pasar es por Macuspana (Estado de Tabasco). Sin embargo, si necesitamos hacer alguna gestión en Tila que es la cabecera municipal, no nos dejan pasar.  En estos momentos no podemos trabajar muy tranquilos pues nos vigilan y hostigan cuando vamos a nuestras parcelas.
 

Dice el gobierno que no hay conflicto en Chiapas y esto es mentira pues nosotros desde el 95 sufrimos mucho.

En Masojá Shucjá siguen los disparos y los tiroteos en contra de los desplazados que van a trabajar sus parcelas. Es la comunidad más peligrosa. Ahí no se puede trabajar.  Siguen los de "Paz y Justicia", pero ya no están tan unidos sino que son grupitos que se dedican a asaltar y robar. Pensamos que nunca se van a componer y esta es nuestra preocupación.

El día de la conmemoración de la Revolución mexicana pasaron gritando mucho.  En septiembre causaron daños en el Campamento civil por la Paz cuando llegaron a machetear el campamento. (Los campamentistas son testigos y aún se ven los rastros) Esto lo hicieron los mismos asesinos de José Tila que nunca fueron detenidos.

Cuando mataron a José Tila todavía había un destacamento de la Seguridad Pública aquí. Tres veces pedimos que los detuvieran y no nos hicieron caso y por eso acordamos expulsar al destacamento de la comunidad y hasta hoy no han vuelto.

Ahora en este aspecto estamos más tranquilos porque hacían cosas indebidas con nuestras mujeres y niñas. No estamos acostumbrados a esto, a que nos detengan.

Ahora cada tres o cuatro días pasa por aquí la Seguridad publica junto con la Policía judicial.
Ha aumentado la militarización en Chiapas pero dice el gobierno que en México hay democracia, justicia, que no hay conflicto que no hay guerra, que no existen paramilitares. Sin embargo, nosotros decimos que sí existen.
 

Nos han robado todo el ganado, quitaron los alambres y hasta quieren apoderarse de nuestros terrenos. Al ver que no llegamos a nuestras parcelas se instalan ellos en ellas. Eso lo hacen los de "Paz y Justicia" para robarnos nuestras tierras. No nos dejan pasar para llegar a trabajar nuestras parcelas.

Hemos hecho varias denuncias pero el gobierno no nos ha hecho caso y sigue diciendo que no hay problemas pero mientras, somos los que seguimos sufriendo acá.

Exigimos indemnización por los bienes que hemos perdido, pero el gobierno ya lo cambia todo. En vez de indemnizarnos nos viene a ofrecer unos pollitos, unos borregos. Pero nosotros no queremos esto pues perdimos ganado, somos ganaderos, a eso nos dedicamos y entonces no sabemos de pollos que, además, son de granja y exigen muchos cuidados.

Nos quieren acabar todos para quedarse nada mas ellos en esta tierra y no quieren que nosotros trabajemos como lo estamos haciendo ahora, porque uno ha sufrido, se ha levantado un poco y llegan ellos y lo roban otra vez. Eso duele.

Teníamos unos caballitos recién comprados y se los robaron, hace como dos o tres años. Queremos que esto se aclare y que se diga en todo el mundo que lo que dice el gobierno de que en Chiapas no hay problemas no es cierto. No vaya ser que algún día vuelva a suceder lo que nos paso en el 96 cuando nos sacaron de nuestras casas y ahora ya estamos cosechando un poco y nos pueden volver a hacer lo mismo y no es justo. Por eso queremos que el gobierno solucione, pacíficamente. Que haya paz y tranquilidad en nuestro Estado y en todo México para que nuestros hijos tengan posibilidades y que nos paguen las pertenencias perdidas para que nuestros hijos tengan sus zapatitos para que vayan a la escuela porque si no nos paga el gobierno de donde vamos a sacar dinero para darle educación a nuestros hijos. Queremos que se solucione el problema que desde hace año venimos planteando y a las que nunca nos han dado solución.
 

Quiero hablar de los animales que nos ha venido dando el gobierno. El asunto es que no se acostumbran al terreno. Los borregos en la región se mueren. Por esto no los aceptamos.
 

Queremos que informen de nuestra inconformidad.  96 es el año más problemático pues antes había tranquilidad en los 4 municipios que son Tumbalá, Tila, Salto de Agua y Palenque.

En 95-96 se empezaron a formar grupos paramilitares. Este fue bajo el gobierno de Julio Cesar Ruiz Ferro como gobernador del Estado.

En 95 fueron desplazados los pobres compañeros de "Miguel Alemán”, Tzaquil, Jolxihá, Ojo de Agua, que hasta el momento siguen desplazados y no han podido retornar. En “Miguel Alemán” está la mera mata de los paramilitares. Siguen haciendo emboscadas y todos los que pertenecemos a la "organización " *  sencillamente nos pueden matar.

Hace pocos días unos 20 compañeros de Masojá Shucjá se fueron a trabajar a sus parcelas pero recibieron aviso de parte de los de "Paz y Justicia" que nuevamente iban a tenderle una emboscada. Eso provocó tristeza pues los compañeros quieren trabajar y dicen que no quieren mas problemas. Hemos hecho demandas pero el gobierno del Estado no nos hace caso. Dicen que van a solucionar pero todo se queda nada mas en palabras. Aquí sigue la militarización, hay un cuartel en la Libertad-Jolnixtié y siguen con sus patrullas.

Hay gente que ya no quiere salir a trabajar por miedo pues antes no conocíamos nada de esto, militares, Seguridad Pública, entonces ya no van ni a cosechar maíz ni van por leña.  Hasta la fecha no hemos sido indemnizados a pesar de haber hecho demandas y hasta plantones frente al palacio de Gobierno pero no nos ha  solucionado nada. Nos han engañado, prometiéndonos pollitos, borregos. Nosotros no queremos esto, nuestro trabajo es de ganadería.
 

Hace 8 días, los ejércitos, la Seguridad Pública y la Policía Judicial del Estado (PJE) han aumentado sus patrullajes en la carretera. Dos veces al día pasan. Ha aumentado el número de efectivos y ahora en la salida del poblado ponen retén dos veces al día. Patrullan aviones y helicópteros y se van agravando las cosas.

El 10 de abril del 99, se hizo una fiesta en conmemoración del aniversario de Emilio Zapata y el Ejército nos provocó un problema. Nos cortaron la luz primero y al rato vinieron muchos, diciendo que habían sido asaltados dos soldados y que les habían robado sus armas. En la madrugada patrullaron en toda la comunidad y al siguiente día también, quisieron entrar a la iglesia para registrar y buscar las armas.

El 18 de septiembre los asesinos de José Tila llegaron al Campamento de Paz en estado de ebriedad y amenazaron a la gente que estaba allí, además decían que no temen nada porque están protegidos por el gobierno.
El 20 de septiembre, los mismos dispararon en contra de los compañeros desplazados de Susuclumil y casi matan a uno.

Siguen los robos, apenas anteayer hubo un robo de animales. El único delito nuestro es estar en contra del gobierno. No estamos en contra del gobierno sino que nos estamos organizando para salir del engaño que sufrimos desde hace mas de 500 años, desde nuestros padres y nuestros abuelos.

Nuestras demandas son: La salud, la educación, la justicia, la democracia, la igualdad y es por eso que nos estamos organizando para nuestros hijos y para todo el pueblo mexicano.  Por eso el gobierno nos manda a matar, por eso formó grupos armados para que nos acaben porque no quiere que nos organicemos, que despertemos, nosotros los indígenas.

Dice que quiere diálogo, paz pero eso no es cierto. No quiere reconocer nuestros derechos.  También peleamos para el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, eso es lo que queremos mientras no podremos estar tranquilos. Además queremos que nos pague lo que hemos perdido. Y que nos respete. Estamos cansados, no tenemos clínicas, no tenemos doctores, no tenemos educación, ni nuestros hijos ni nosotros estamos preparados.

El gobierno no quiere que nos preparemos pues tal vez de esta manera podríamos llegar a hacerlo caer. Por eso no nos quiere dar estudios ni mejoramiento en nuestras vidas.
 

El 11 de noviembre la Comisión Federal de Electricidad llegó a cortar la luz en la Iglesia. Fue como a la 1:00 de la tarde, aprovecharon que no estuvimos atentos y se llevaron los bajantes, el medidor y no entendemos por qué.

No entendemos por qué motivos están haciendo esto y ahora la gente teme que les vengan a cortar la luz de sus casas.  De hecho, aquí hemos acordado no pagar la luz hasta que no nos indemnicen por la perdida de nuestros bienes. De donde vamos a sacar dinero para pagar si no tenemos ni para el jabón ni para comprar nuestras necesidades básicas.

Sentimos que hacen esto como que no tenemos ninguna validez, no nos respetan como personas. Tan siquiera que nos digan por qué motivo, que nos hablen, somos personas, somos humanos, entendemos las cosas y tal vez hubiéramos podido buscar una solución.  Aquí tenemos poco tiempo de gozar de la energía eléctrica pues antes solo la tenían los de "Paz y Justicia".

Nosotros solo estamos pidiendo lo que es necesario para nuestras comunidades. Por esto luchamos. Muchos compañeros han muerto por esta razón por buscar mejoramientos en sus comunidades. Y por eso los de "Paz y Justicia" nos amenazan. Cuando ven que alguien está un poco preparado nos mandan a matar. Es lo que pasa aquí. No tememos porqué lo que hacemos no es cosa mala porqué queremos paz y tranquilidad en nuestras comunidades.

Desde hace muchos años nuestros padres y abuelos fueron engañados y hasta matados porqué querían organizarse y no los dejaron. El que se quiere organizar, lo matan. Si vamos a Tila o Limar, nos pueden matar porqué nos tienen en sus listas como los más malos. Nunca hemos hecho maldades en nuestras comunidades ni mandado a matar a los que pertenecen a otro partido.

Queremos un centro de Salud pues actualmente cuando hay un enfermo tenemos que trasladarlo lejos y esto cuesta mucho dinero.  A veces nos echan la culpa a nosotros de las violencias que cometen ellos. Hay algunas ordenes de aprehensiones en contra de compañeros nuestros.
 

Pregunta: El año pasado había un problema con la construcción de una carretera en Cerro Misopá. La gente estaba inconforme porqué iba a afectar los terrenos del Ejido. Además, los de Misopá se quejaban de la lentitud en la construcción de la carretera desde Emiliano Zapata y del mal uso de los recursos que tenía por efecto que se usará material mas barato para la construcción. ¿Qué ha pasado desde entonces?

Respuesta: Desgraciadamente la constructora no trabaja bien. Lleva mas de 6 meses trabajando. El estudio de terreno no fue bien hecho, el presupuesto fue muy bajo. El trabajo no se hizo bien pues no revistieron lo suficiente. Solo echaron diez centímetros de revestimiento entonces cuando llueve se hunde todo. La constructora fue contratada por la presidencia municipal. Ahora ya están los recursos para la construcción. Hemos retirado el cheque para lo que hace falta para construir. Ahora solicitamos a la constructora que siga con su obra tan pronto deje de llover. Los recursos que se asignaron son de 604.000 Pesos.
 

Relación del asesinato de José Tila. (21 de febrero de 1998)

Al día siguiente (de su muerte) fuimos a la Seguridad Pública a avisar. Los asesinos estaban en sus casas. Los agentes de Seguridad Pública (SP) dijeron que había que esperar la orden de aprehensión. Entonces los asesinos se escondieron. El lunes 23, ya llevaba tres días de muerto José Tila, llego la procuraduría de justicia, acompañada por tres camiones con elementos de la SP. Pero en estos momentos los asesinos ya no estaban en sus casas. Pensamos que fueron avisados por los mismos funcionarios de SP para que huyan porqué son sus amigos, porqué estuvieron juntos cuando ejecutaron los desalojos de los que hoy están desplazados.

Entonces de las 26 comunidades aledañas, la gente se organizó y la gente se juntó para expulsar a la SP y se fueron con el procurador. Pidieron un plazo para irse pero la comunidad no lo permitió.  Nombres de los asesinos: Mateo López Pérez, Pablo López Pérez, Placido López Pérez, Eulalio López García, Juan Bersaín Gracia Pérez, Juan José García Pérez y Mateo López Pérez, originario de Panchúc que es el único que está detenido.

No han sido perseguidos los asesinos. El papa de José Tila es el único testigo de lo que pasó pues acompañaba a su hijo cuando fue asesinado y vio a los asesinos.

Ahora los asesinos volvieron a la comunidad y ahora están nuevamente en sus casas. Se escondieron durante aproximadamente un año pero ahora piensan que el problema ya pasó.  Fueron los mismos los que provocaron el incidente con los campamentistas. Ellos dicen que no tienen miedo porqué los apoya el gobierno y que por eso no les va a pasar nada.  Parece que ya se está solicitando la liberación del único detenido por el asesinato de José Tila porqué hace poco citaron a su papá (de José Tila) para que vaya a declarar pero hasta el momento no ha sido posible por falta de recursos  para trasladarlo a San Cristóbal. El centro Fray Bartolomé de las Casas está encargado del caso. Además hay que poder salir de la comunidad. Los asesinos no están sentenciados, son todavía presuntos asesinos.
 

Información acerca de la muerte de Cándido Arcos en Tila en junio de 1999.

Estaba en una camioneta y pasó una patrulla de Seguridad Publica y le bajaron de la camioneta y luego lo patearon y lo dejaron sin conocimiento hasta que murió. Esto ocurrió en la calle a la vista de todo el mundo. Hay un policía detenido, otro huyó.  Ahí se ve que los retenes militares están de adorno pues no detienen a los asesinos solo se dedican a revisarnos y esto es muy molesto para nosotros.

En el campamento de Libertad Jolnixtié Segunda Sección siempre llegan los niños y vemos que les ofrecen marijuana. No pueden hacer estas cosas. Traen prostitución y alcoholismo a la comunidad.  Hay otro destacamento en “Emiliano Zapata”. En Cerro Misopá hay un destacamento de SP. Nos afecta la presencia del Ejército pues hay un río que nace allá y los militares vienen a botar su basura exactamente en este lugar lo que ocasiona la contaminación del agua. Este río es el que abastece la comunidad.

Por otra parte los soldados llegan a cortar arboles en las parcelas que pertenecen a pobladores de la comunidad.
Pedimos que se retire el ejército porqué nos afecta mucho su presencia.
 

Pregunta: ¿A qué se refiere cuando dice que los de "Paz y Justicia" ya no están tan unidos?

Respuesta: Parece que algunos ya le echan ganas a la causa. Alguna gente se alejó del grupo y ahora mas bien operan grupitos que se dedican a asaltar y robar.

Pregunta: ¿Los conflictos son más personales ahora?

Respuesta: El Jefe de "Paz y Justicia"  de "Agua Fría", Juan Martínez Pérez, me dijo que ya no quiere seguir, que los problemas ya se dieron suficiente y que no quiere mas problemas hasta confesó que hay división entre ellos mismos.  Dijo que hay gente de su propio grupo que no le hacen caso ya y que se siguen dedicando a cometer fechorías. Pero por su parte afirmo estar cansado de la violencia.

Pregunta: ¿Piensan que los que quedan ahora más bien siguen como bandas delictivas sin más propósito político?

Respuesta: Cuando empezaron en el 95, estaban bien organizados, tenían sus dirigentes a quienes obedecían. Pero desde el 98 las cosas se les fueron por abajo. Se empezaron a pelear entre ellos mismos. Los dirigentes de ellos eran Samuel Sánchez Sánchez (Diputado estatal del PRI), Raimundo Diego Vasquez, Marcos Albino.

Ahora hay distintos grupos. Entre ellos hay grupos que ya no quieren violencia y otro grupo que todavía quiere seguir en lo mismo, provocan problemas. Sus dirigentes quieren controlar a la gente porque el gobierno dice que ya hay que parar la violencia entonces los dirigentes de "Paz y Justicia" que antes decían a sus bases que había que acabar con todo los opositores, los del PRD, los zapatistas, ahora dicen que hay que parar la violencia porque el gobierno así lo mandó.  Entonces hay gente que les pregunta qué pasa, porqué cambiaron ahora de opinión. Entonces muchos se desorganizaron porque sus dirigentes les dijeron que había que pararse.

Ya dijeron que ya no quieren violencia pero quedan grupitos que quieren seguir. A estos últimos los dirigentes no los mandan ya sino que actúan por su propia cuenta, porque ya se acostumbraron. Ya son asaltantes.

Allá en Cerro Misopá hostiga la SP. El 7 de noviembre, día de la consulta interna del PRI, realizaron disparos y tiraron ráfagas a las 11:30 de la noche en medio de la población.  Allá hubo incidentes en la votación interna del PRI. Apoyan a Roberto Madrazo.

Rubén Reyes, jefe de "Paz y Justicia" de Cerro Misopá fue él que organizó la votación interna del PRI.