Segundo informe de la CIODH 
(NOVIEMBRE 15- 25 DE NOVIEMBRE DE 1999)
INDICE SEGUNDO INFORME

III.B.9. VISITA A "LAS TAZAS”, CABECERA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN MANUEL  (34 COMUNIDADES, DE ETNIA TZELTAL)

En su recorrido los miembros de la Comisión pasaron por los retenes del Ejército Federal ubicados en “Península” y  “Río Jordán”  y  en el retén de la Seguridad Pública situado en medio del ejido “Trinidad”.

Durante los controles que en las tres ocasiones se prolongaron por una hora aproximadamente, fueron obligados a bajar del vehículo y a presentar pasaportes y cartillas migratorias. Fueron interrogados sobre el objeto de su presencia en el lugar, fotografiados insistentemente y filmados en forma constante mientras los oficiales tomaban nota de todos sus datos personales, incluyendo algunos que no figuraban en los documentos exigidos.

En Las Tazas, cabecera del Municipio Autónomo “San Manuel”, viven aproximadamente 800 personas. Funciona una escuela a la que asisten 70 niños y donde hay 10 maestros.
 

Las autoridades del Municipio Autónomo “San Manuel” denunciaron la creciente militarización desde Febrero de 1995, en que el Ejército vino a ocupar el territorio chiapaneco. Hay patrullajes diarios, tanto terrestres como aéreos, lo que atemoriza a las mujeres y a los niños. Altera totalmente la vida de las comunidades: los hombres no pueden salir a trabajar porque tienen que quedarse cuidando sus casas y sus familias. Las mujeres tampoco pueden salir a buscar el maíz para las necesidades básicas, porque son agredidas por el ejército.

Los patrullajes aéreos con aviones y con helicópteros, a veces realizan vuelos rasantes o se estacionan encima de la comunidad, como si fueran a bajar, a tal punto que aproximadamente una semana antes de la visita de la Comisión un helicóptero levantó el techo de una casa.
En la zona  que va desde la comunidad Emiliano Zapata hasta Las Tazas, hay dos bases del Ejército Federal y una de la Seguridad Pública.
 

ENTREGA DE ARMAS DE SUPUESTOS ZAPATISTAS

Los entrevistados denunciaron que el 29 de Enero de 1999, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Judicial comenzaron a realizar chequeos en la zona y se instalaron en el ejido "Trinidad” porque sospechaban que había una banda de asaltantes conocidos como "robacoches". Los apresaron pero en lugar de juzgarlos, hicieron un pacto con ellos y así formaron un grupo de paramilitares los que, tras hacerse pasar por zapatistas escenificaron una entrega de armas, mochilas y pasamontañas (comprados por el Gobierno) que tuvo lugar el 29 de marzo ante el Gobernador Albores. A cambio recibieron dinero para proyectos productivos, unas cabezas de ganado y un tractor, supuestamente para uso de la comunidad.  Sin embargo, todo quedó en manos del grupo de supuestos "ex-zapatistas", que en realidad son priístas y ahora integran el grupo “MIRA” (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista).

Se citaron los nombres de Vicente Pérez Castellanos como él que organizó -y hoy jefea- el grupo paramilitar y José Alfredo Jiménez empleado del programa gubernamental SEDESOL, quien organizó la entrega de las armas a orillas del río Jataté. Se mencionó que algunos integrantes del MIRA pertenecían a la ARIC-UNIÓN DE UNIONES.

El ganado que dio el gobierno no fue repartido por igual entre los integrantes del grupo de Pérez Castellanos, lo que originó problemas internos que llevaron a la destrucción del tractor. Sin embargo culparon a los zapatistas del robo del ganado y de la destrucción del tractor, cuando fueron ellos mismos que no se pusieron de acuerdo en el reparto.

Tomando pretexto de estos incidentes, solicitaron la presencia de la Seguridad Pública, del Ejército Federal y de la Policía Judicial. Esta última mandó, mayoritariamente mujeres para poder golpear a las mujeres bases de apoyo del EZLN.

Según denuncian los representantes de la comunidad, el gobierno entregó al grupo de Vicente Pérez Castellanos una ambulancia que sólo usan los priístas para pasear o para librarse a la borrachera. Además con el apoyo de la Seguridad Pública, continúa entregándoles dinero y provisiones. Amenazan a la gente que se niega a recibir esa ayuda con que la Policía Judicial les mandará órdenes de aprehensión.
Antes del operativo organizado por Vicente, toda la gente apoyaba a los zapatistas, pero ahora  se están provocando divisiones.

Reclaman el cumplimiento de los diálogos de San Andrés para que no sea necesario recibir limosnas.

Los entrevistados también han sido informados de que en la comunidad “Emiliano Zapata” se giraron órdenes de aprehensión en contra de dos personas que fueron citadas para el lunes 21 de noviembre. Precisaron que no es la primera vez que esto sucede. Viene la Policía Judicial con el grupo de auxiliares de Vicente Pérez para humillarlos ante la gente y para desacreditarlos. Hasta ahora no se los han llevado porque la comunidad resiste.

Además reportaron que representantes del gobierno están ofreciendo vacunas, casas, celdas solares para quienes se acogen al programa PROGRESA y delaten a los zapatistas.

De igual forma las oficinas de COPLADEN Y SEDESOL instaladas en Comitán se encargan de reclutar personal para participar en proyectos productivos

En las comunidades pequeñas no hay maestros, la gente que sabe leer y escribir enseña a los niños.

No se registran desplazados, producto de las agresiones del Ejército y paramilitares en los últimos dos años, pero sí algunas comunidades pequeñas o asentamientos se formaron a raíz de desplazamientos originados por la guerra del 94 y la destrucción de casas en febrero del  95.

Los campamentos militares de “Jordán”, “Península” y el que está ubicado en medio de “Trinidad” atraen prostitutas de Ocosingo, San Cristóbal y otras ciudades quienes junto con los militares ensucian el río y provocan desmanes que alteran la vida de la gente.

La población se muestra inconforme con la destrucción de su cultura.

Hay vuelos rasantes de helicópteros, con cámaras de vídeo.

Hay dificultades de tránsito ya que en los retenes del Ejército impiden el paso de campamentistas, sean estos mexicanos o extranjeros. También actúa la Policía Federal de Caminos con el pretexto de chequear los autos robados.

Al respecto, David Menéndez, médico de la UAM, quien pertenece a la ONG “SADEC Salud y Desarrollo” y trabaja en “Las Tazas” desde hace 8 meses reportó que ha tenido problemas en los retenes. En una ocasión lo bajaron del auto, le pidieron que saque todas sus cosas y amenazaron con detenerlo pero dijo que gracias a la intervención de la gente que viajaba con él, la detención  no se llevó a cabo. Señaló que cuando viaja en el vehículo de la ONG no lo molestan pero que cuando viene solo la amenaza es mayor.

Los representantes de la comunidad consideran que el papel de la Cruz Roja Mexicana es poco neutral: Hay trabas para traer las medicinas, sólo entregan las vacunas.

Los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que se encargan de los traslados  de los enfermos tienen todo el tipo militar. Usan medicamentos que no sirven o incluso perjudican. Demoran en acudir cuando se solicita la ambulancia y se rehusan a trasladar a los pacientes que así lo piden al hospital “San Carlos” en Altamirano. En vez de ser llevados a este centro asistencial donde la mayoría de la población indígena de la región se siente en confianza, los pacientes son atendidos en el puesto de la Cruz Roja Mexicana en “San Miguel” o en “COPLAMAR” en Ocosingo donde muchas veces quedan abandonados a su suerte.

Después de dar información sobre las siembras de maíz transgénico en “Las Tazas” y en otras comunidades cercanas y sobre la utilización de DDT para la erradicación del paludismo, distintos miembros del Municipio Autónomo San Manuel denunciaron la actuación de grupos paramilitares en distintas comunidades:

En “Delicias Casco”, el grupo fundado por Caralampio Ruiz Pérez. Recibe entrenamiento en la base militar “Jordán” y actúa por orden de los dirigentes: Lázaro Hernández Vázquez - diputado local del PRI   Antonio Méndez Hernández - diputado suplente   Leandro Hernández Toledo - ARIC OFICIAL, Plaviano Alfonso Ruiz - del ejido La Trinidad. Vicente Pérez Castellanos - dirige el grupo MIRA.

Los presentes también entregaron denuncias escritas con  el sello del Municipio Autónomo.
Señalaron que los días 22 y 27 de Octubre aumentaron los patrullajes.

Expresaron que las comunidades quieren que se vaya el Ejército Mexicano de las Cañadas porque amenaza y hostiga a los nuevos poblados sobre la carretera.

Denunciaron que el Gobierno quiere revestir el camino y poner al Ejército y a la Policía Judicial a custodiar las maquinarias.

Finalmente, en nombre de los 15.000 zapatistas de las 32 comunidades del Municipio Autónomo San Manuel, los entrevistados dejaron claro la mentira de los "zapatistas arrepentidos" y reiteraron que los pueblos están en resistencia.