Adopción: Comisión Permanente de Legislatura sobre La Unión Europea y Actuaciones Exteriores, Cooperación y Solidaridad.

Sesión núm. 19, 20.11.2002, DSPC-C 404
La Comisión Permanente de Legislatura sobre La Unión Europea y Actuaciones Exteriores, Cooperación y Solidaridad en sesión realizada el día 20 de noviembre de 2002, ha estudiado el texto de la Proposición no de ley sobre el apoyo a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) en México, especialmente por lo que se refiere al Estado de Chiapas (tram. 250-02937/06), presentada por el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya y por el Sr. Álex Masllorens i Escubós, del Grupo Parlamentario Socialistes - Ciutadans pel Canvi.
Finalmente, de acuerdo con el artículo 135 del Reglamento, ha adoptado la siguiente

Resolución:
El Parlamento de Catalunya manifiesta su apoyo a las recomendaciones de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) en México, especialmente por lo que se refiere al Estado de Chiapas.

Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2002
El secretario El presidente de la Comisión
Jordi Ausàs i Coll Marcel Riera i Bou

A LA MESA DEL PARLAMENT

Los grupos parlamentarios abajo firmantes, de acuerdo con lo que preve el artículo 134 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de ley

Exposición de motivos

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) presentó a los grupos parlamentarios representados en el Parlament de Catalunya el informe en el que recoge la información obtenida durante el período febrero-marzo de 2002 en México sobre la actual situación de los derechos humanos, principalmente en el estado de Chiapas además de una serie de recomendaciones.

La aprobación del proyecto de iniciativas constitucionales ppor parte del Congreso de la Unión no ha satisfecho a los pueblos indios, que no ven reflejada la esencia de los Acuerdos de San Andrés porque no reconoce las comunidades como entidades de derecho público, tampoco reconoce a los pueblos como sujetos de la ley ni depositarios políticos de los derechos a la libre determinación y a la autonomía.

La iniciativa de reforma de la Comisión de Concordia y Pacificación es la única que puede restablecer las condiciones mínimas para un diálogo de paz, la ruptura del cual ha significado grandes sacrificios para los pueblos indios, no sólo en la zona de conflicto, sino teambién en todas las regiones donde hay presencia indígena.

Los sobrevuelos de aeronaves militares federales continúan sembrando la angustia en las comunidades, los patrullajes y retenes del ejército mexicano han aumentado progresivamente y ya se ha convertido en costumbre que los soldados improvisen los lugares de control alrededor de las poblaciones para asediar e intimidar a los indígenas, sometiéndolos a interrogatorios e impidiendo el libre tránsito de los pobladores.

El orígen de los grupos paramilitares se encuentra en un esquema de contrainsugéncia que se enmascara por problemas de tierras, confrontaciones partidistas, conflictos religiosos, enemistades personales, venganzas familiares o simplemente accidentales, ocultando de esta manera la estrategia paramilitar de control, desestabilización, faccionalización y represión selectiva como parte de una guerra sucia, diseñada y dirigida desde las más altas estructuras del poder.

Pero lejos de contener a los grupos paramilitares como Paz y Justicia, continuan generando conflictos, cerrando caminos, aplicando una política de terror, asesinatos y agresiones constantes contra las comunidades zapatistas, con el apoyo, como siempre, de las viejas estructuras municipal y comunal priístas o gozando de la complicidad por omisión y comisión del ejército y los cuerpos de seguridad de diversas dependencias gubernamentales.

El problema de los desplazados por la guerra y la contrainsurgencia continua sin resolverse. Las expoliaciones y asesinatos que llevaron al exilio interior a miles de choles y tzotziles, mayoritariamente bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se mantienen impunes. Hasta hoy, el problema de los desplazados no se ha atendido en su verdadera dimensión. Ni el gobierno federal ni el estatal han asumido que son personas forzadas a abandonar sus comunidades a causa de la violencia paramilitar. En consecuencia, impulsan retornos de desplazados en condiciones de inseguridad y bajo débiles acuerdos de reconciliación que no estado presididos por la justicia ni la reparación de los daños causados a los desplazados.

La aplicación de los programas de desarrollo en situación de suspensión del dia´logo y la no aplicación de los Acuerdos de San Andrés, provoca que se conviertan en una nueva manera de constrainsurgencia, menos expectacular y violenta que en etapas anteriores, pero de gran efectividad, provocando divisiones en el interior de las comunidades. El hecho que el gobierno pretenda ignorar que las comunidades están en resistencia por el incumplimiento de las tres condiciones para volver al diálogo y actuar como si el problema fuera solamente económico y no político-social, empeora las condiciones de las comunidades y facilita la destrucción, del ya de por sí frágil tejido social. La aplicación de esta política económica se traduce en la práctica, en una política social discriminatoria, agravada cada día que pasa sin solucionarse la cuestión de la autonomía indígena..

.En el marco del Plan Puebla Panamá, las tierras se convierten en el blanco de grandes intereses económicos, a causa de su riqueza natural y de la biodiversidad, asi como ppor la disponibilidad de mano de obra barata, entre otros. En este contexto, las comunidades se sienten desprotegidas ante el Plan Puebla Panama, que genera inquietud e inconformidad, al mismo tiempo que las comunidades indígenas no cuentan con el instrumento de control de los recursos, territorios y formas jurídicas de exjercicio de la autonomía, que representaba para ellas la ley elaborada por la COCOPA, producto de los Acuerdos de San Andrés.

Es por todo lo anterior que los grupos parlamentarios abajo firmantes presentan la siguiente

Proposición no de ley

El Parlament de Catalunya manifiesta su apoyo a las recomednaciones de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) en México, especialmente en el estado de Chiapas:
1) Cumplimiento íntegro de las demandas del Ejército Zapatrista de Liberación Nacional para volver a iniciar el diálogo:
a) Respeto al proyecto de iniciativa de reforma constitucional de la COCOPA.
b) Libertad de todos los presos zapatistas.
c) Devolución de los terrenos expropiados para la instalación de las posiciones militares ya desmanteladas.
2) Poner fin a la militarización del estado de Chiapas con el retorno del ejército a los cuarteles de procedencia, limitando sus actuaciónes a los hechos que constitucionalmente le corresponda.
3) Desarme de todos los grupos paramilitares y presentación ante la justicia de los responsables de los delitos cometidos.
4) Asegurar el libre acceso a la justicia y promover la lucha contra la impunidad, partiendo de un estudio objetivo que permita hacer un diagnóstico de la situación real de la justicia y de la impunidad.
5) Uuna vez se den las condiciones adecuadas, retorno de los desplazados a sus comunidades de origen, con la devolución íntegra de sus pertenencias y con la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
6) Reforzamiento de la colaboración con los organismos defensores de los Derechos Humanos en el sentido que el respeto y la promoción de los Derechos Humanos se traduzca en acciones concretas que permitan una administración de justicia con especial atención a las víctimas de tortura y que garantice los derechos económicos, sociales y culturales, así como la atención a los grupos más vulnerables, especialmente los niños, las mujeres y los inmigrantes.
7) El establecimiento de mecanismos de aplicación de la Claúsula Democrática vigente en el Tratado con la Unión Europea en la que se incluya la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional en defensa de los Derechos Humanos, para proceder a la verificación permanente de la situación de los Derechos Humanos en México.
8) Que los programas de apoyo productivos no sean empleados, como se hace desde la reforma del artículo 27 sobre la propiedad de la tierra, para crear divisiones entre organizaciones sociales como medida contrainstugente.
9) Instar a la Suprema Corte de Justícia para que derogue la ley indígena que no reconoce derechos como el de autodeterminación.
10) Intensificar, por parte de la COCOPA, los esfuerzos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la iniciativa de reformas constitucionales y ante el ejecutivo para conseguir la liberación de los presos zapatistas cuanto antes mejor..
11) Llamar a toda la sociedad civil para que mantenga atenta la atención sobre Chiapas ante el enrarecimiento social y político alrededor de las comunidades indígenas que simpatizan con el EZLN.

Palau del Parlament, 26 de junio de 2002